Capacitación ¿Para qué? – Por: Allan Ortíz

Por años se ha hecho eco de la capacitación y procesos de actualización en torno a políticas, administración y gestión pública en el país. Estos procesos son en su mayoría acompañados de observaciones de expertos y reuniones que recopilan buenas prácticas internacionales alrededor de una temática o reto establecido. Sin embargo, muchas de estas críticas, diagnósticos y ejemplos, que parten desde criterios técnicos y mediciones basadas en indicadores y contextos ampliamente conocidos, también es cierto que muchos de estos carecen de una perspectiva de operatividad pública local.

En  este  sentido,  el  “Deber  ser”  comprende muchas veces de construcciones técnico- narrativas que para su justo éxito requerirían de condiciones ejecutivas y presupuestarias previas para su éxito, tanto así que tampoco es de extrañarse que en algunos casos particulares, fueron estás mismas condiciones acompañadas de reformas legales las que trajeron como consecuencia los casos de éxito que se toman como referencia.

Sin bien es cierto que todos estos procesos de formación contribuyen a la superación profesional y técnica de quienes lideran y operan lo público, también es cierto que muchas veces es el mismo andamiaje de administración pública el que no cuenta con los mecánismos necesarios para la adaptación, planificación, ejecución y evaluación de las posibles  rutas  o  soluciones  a  los  retos  presentados  durante  dichos  procesos  de capacitación, consiguiendo así frustrar cualquier posibilidad de transformación profunda o aporte significativo a los procesos ya planteados.

De esta forma, surge la urgencia para cuestionar las implicaciones y necesidades técnico formativas de la oferta de construcción de capacidades relacionadas a la administración y gestión pública actual. La cual para ser completamente efectiva, necesita de acercamientos y entendimientos de la organización político-administrativa de Guatemala.

Estos acercamientos no deben ser entendidos solamente como un mero capítulo de revisión teórica o legal sobre lo establecido en norma, sino deberían de considerar dentro de su desarrollo  una  revisión del estatus del área técnico-administrativa relacionada a la las temáticas  que  se  abordan.  De  esta  manera  al  mismo  tiempo  que  se  revisan  las herramientas necesarias para la gestión pública, se podría considerar que dicho proceso gire de manera temática alrededor de los retos que en cuestión se buscan resolver.

El conocimiento sobre las condiciones y acciones actuales de instituciones como Segeplan, los diferentes ministerios y dependencias del ejecutivo relacionados, la operatividad del Sistema de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal, el marco legal normativo, además de las políticas y estrategias establecidas alrededor de una temática, pueden ser la gran diferencia entre “aterrizar” y lograr construir soluciones inspiradas desde los procesos de formación, pues permitirían a los participantes una comprensión lógico-operativa de lo que la problemática que se aborda.

La intención entonces no es desacreditar a los procesos de formación, capacitación y actualización que apoyan a lo público, sino más bien entender desde una perspectiva realista que parte desde la realidad y lo posible, en lugar de procesos paralelos que si bien son promovidos desde las mejores intenciones, muchas veces no son significativos para el desarrollo, adaptación, planeación, ejecución y evaluación de soluciones para los guatemaltecos.