Condiciones de un servicio público capaz y transparente – Por: Allan Ortíz

La función pública en Guatemala enfrenta desafíos estructurales que afectan la eficiencia y transparencia del Estado. La urgencia de una Ley de Servicio Civil ha permitido que la contratación y gestión del recurso humano en el sector público se base en el clientelismo político y no en méritos técnicos. Esto no solo perjudica la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, sino que también debilita la confianza en las instituciones del país.

Una legislación de servicio civil que establezca principios éticos y parámetros técnico-profesionales es fundamental para garantizar que los funcionarios públicos sean seleccionados y evaluados en función de sus capacidades y no por afinidades políticas. Actualmente, el Estado guatemalteco enfrenta una burocracia ineficiente, donde la corrupción y el nepotismo han predominado, limitando la posibilidad de contar con un cuerpo administrativo calificado y comprometido con el bien común.

La transparencia en la administración pública solo puede lograrse si existe un marco legal que regule la contratación, permanencia y promoción de los servidores públicos con base en criterios objetivos. Sin reglas claras, el favoritismo seguirá predominando, afectando la calidad del trabajo estatal y el uso eficiente de los recursos públicos. Una ley de servicio civil bien diseñada permitiría evaluar el desempeño de los empleados públicos y garantizar su capacitación constante, fortaleciendo así la institucionalidad del país.

Además, la estabilidad laboral de los servidores públicos es un aspecto crucial que debe abordarse en la legislación. En la actualidad, muchos empleados son contratados bajo modalidades precarias, lo que los hace vulnerables a cambios de gobierno y decisiones arbitrarias. Un régimen de servicio civil sólido ofrecería protección a los trabajadores competentes, evitando que sean removidos injustamente por presiones políticas y asegurando la continuidad de los programas y políticas públicas.

La corrupción es otro problema que una ley de servicio civil bien estructurada podría combatir. Si los servidores públicos fueran seleccionados por su preparación y ética profesional, se reducirían las oportunidades de manipulación y coacción dentro de las instituciones. Asimismo, se debería incluir en la legislación mecanismos de control y sanción para quienes incumplan principios éticos, garantizando que la administración pública sea un espacio de integridad y compromiso con la ciudadanía.

Muchos países han demostrado que una administración pública basada en méritos y principios éticos contribuye al desarrollo económico y social. Guatemala no puede seguir rezagada en este aspecto. Contar con una burocracia eficiente, capacitada y comprometida con el servicio público es indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el Estado de derecho.