La libertad de culto y sus desafíos en Guatemala y la región – Por: Camilo Bello Wilches

La libertad de culto es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y nacional, que asegura a las personas la posibilidad de profesar, cambiar o no adherirse a una religión sin temor a la discriminación o coerción. En América Latina, donde la diversidad cultural y religiosa es amplia, este derecho resulta esencial para la convivencia social. Sin embargo, su aplicación práctica no está exenta de retos y tensiones, ya que implica equilibrar el respeto por las creencias individuales con el cumplimiento de las leyes que garantizan el bienestar común.

En Guatemala, la Constitución protege la libertad de culto y establece que todas las personas son iguales ante la ley, independientemente de su credo religioso. Este principio de igualdad, también conocido como isonomía, es clave para asegurar que nadie se encuentre por encima del estado de derecho. Aunque se reconoce que cada religión tiene su propio conjunto de normas y prácticas, estas no pueden vulnerar las leyes nacionales ni los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la soberanía del país y el estado de derecho deben prevalecer sobre cualquier intento de organizaciones religiosas de actuar al margen de las normas legales.

La importancia de este equilibrio es evidente cuando se analiza el papel de ciertas organizaciones religiosas y sectas que, en algunos casos, han desafiado el marco legal bajo el pretexto de la libertad de culto. Estas prácticas, que pueden incluir manipulación psicológica, explotación económica e incluso abuso, no solo violan los derechos individuales, sino que también ponen en riesgo la cohesión social. En Guatemala y en otros países de la región, han surgido casos en los que estas organizaciones han actuado como si estuvieran por encima de la ley, creando tensiones entre la defensa de las libertades individuales y la necesidad de regular actividades que afectan a terceros.

La situación actual se pone de manifiesto la importancia de abordar estos desafíos con cautela y firmeza. Aunque el derecho a la libertad de culto es inalienable, no implica que las instituciones religiosas tengan carta blanca para ignorar las leyes. Al contrario, este derecho debe ejercerse dentro de un marco legal que garantice tanto la libertad individual como la justicia para todos los ciudadanos. Esto incluye el monitoreo y regulación de actividades que puedan ser perjudiciales para sus miembros o para la sociedad en general.

El respeto por la libertad de culto también plantea preguntas importantes sobre el papel del Estado en garantizar este derecho. Por un lado, el Estado tiene la obligación de proteger a los individuos contra cualquier forma de discriminación religiosa. Por otro, debe asegurarse de que todas las organizaciones, públicas o privadas, respeten las normas legales y no vulneren los derechos de otros en nombre de su fe. Este equilibrio no siempre es fácil de alcanzar, especialmente en contextos donde la religión tiene un papel predominante en la vida social y cultural.

Casos internacionales demuestran los riesgos de no abordar adecuadamente estas tensiones. En algunos países, la falta de regulación sobre las actividades de ciertas sectas ha llevado a graves violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, en contextos donde las leyes son demasiado restrictivas, las personas han enfrentado persecución y limitaciones en el ejercicio de su fe. En América Latina, el desafío radica en encontrar un punto medio que permita proteger la diversidad religiosa sin comprometer los principios de igualdad y justicia.

En el caso de nuestro país, este tema adquiere relevancia particular debido a la diversidad de creencias que conviven en el país, desde religiones indígenas ancestrales hasta diversas denominaciones del cristianismo y otras religiones minoritarias. Esta pluralidad cultural es una riqueza, pero también demanda un enfoque cuidadoso para evitar conflictos y garantizar el respeto mutuo.

Es crucial que los ciudadanos, las instituciones religiosas y el gobierno trabajen juntos para preservar el derecho a la libertad de culto, pero siempre dentro de un marco que respete la ley. La isonomía, como principio rector, debe asegurar que ninguna persona ni organización esté por encima del estado de derecho. La vigilancia activa para prevenir abusos, así como la promoción del diálogo interreligioso, son herramientas esenciales para fortalecer este equilibrio.

En última instancia, la libertad de culto no solo es un derecho individual, sino también un reflejo de los valores democráticos de una sociedad. Protegerla implica no solo garantizar que las personas puedan creer y practicar su fe libremente, sino también asegurar que estas prácticas respeten los derechos y libertades de los demás. En un contexto como el de Guatemala, donde la diversidad religiosa es tan amplia como los desafíos sociales, este derecho debe ser defendido con firmeza, pero también con responsabilidad y respeto por la ley. Solo así será posible construir una sociedad verdaderamente plural y justa.