Políticas populistas vs. realidad económica: El caso del salario mínimo – Por: Sebastián Álvarez

Velar por el bienestar de las familias guatemaltecas y elevar sus ingresos sin duda alguna es una meta de suma importancia, pero de gran dificultad. Para que aquello suceda debe crearse un ambiente que sea atractivo para la generación de empleo, lo que conlleva también atractividad para la inversión y el emprendimiento.

Ante la necesidad de hacer que los ingresos de los más pobres suban, el gobierno ha tomado la aparente vía fácil: elevar exageradamente el salario mínimo. A simple vista y a corto plazo pareciera una medida efectiva, que ha sido adornada con discursos que apelan a la dignidad y poco más, pero en realidad es una medida populista, errada y contraproducente, que hará que gran parte de guatemaltecos tengan un muy amargo inicio de año.

La economía, entendida como ciencia que estudia la acción humana ante la escasez, tiene leyes inherentes e inexorables como cualquier otra ciencia. Así pues, por muy grande que sea el deseo del Estado de poder evadirlas, estas leyes están tan presentes en una sociedad como lo están las leyes de la física en el mundo, e ignorarlas traerá consecuencias que por más indeseables que sean, son inevitables.

El salario mínimo es una de tantas formas en las que los gobiernos deciden ignorar las leyes económicas por medio del control de precios, que en este caso consiste en la fijación de un precio mínimo. A la hora de establecer esa cuantía mínima se generan excedentes en la oferta, que en el mercado laboral se traduce en personas buscando empleo. Es lógico que si la ley establece que el precio de algo debe ser mayor a su precio de mercado, pasaremos a no querer comprarlo (o comprarlo menos), y en cambio, querer producirlo –cobrarlo– . Es decir, más personas queriendo ser contratadas y menos personas dispuestas a contratar o mantener sus contrataciones.

En Guatemala; confrontando la medida con la realidad nacional, el problema es que este excedente creado en la oferta y disminución creada en la demanda, hará que nadie quiera emprender un negocio, contratar personas o mantener contratos ya existentes. Al contrario, muchísimas más personas se sumarán a la alarmante cifra de informalidad en el país: un sector que conforma alrededor del 70% de la economía que no goza de prestaciones laborales (como el salario mínimo, entre otras). Por lo tanto, hay que reflexionar y preguntarnos: ¿Qué tan beneficioso es realmente el aumento del salario mínimo? ¿En verdad ataca problemas de los guatemaltecos o solo los empeora?

El gran problema es la imperante arrogancia de nuestros gobernantes, que creen que el Estado y ellos son superiores a cualquiera de las inexorables Leyes Económicas y realidad nacional, tratando al Estado como un Dios y fungiendo ellos como arquitectos económicos y sociales. Lamentablemente, la consecuencia de ello es vedarle el progreso y la superación económica a los sectores más vulnerables; aquellos a los que no les es fácil adquirir más y mejores capacidades; aquellos que apenas lograron terminar la primaria o la secundaria, pero que necesitan trabajar lo antes posible; y aquellos que por las circunstancias que estas políticas han creado, están obligados a permanecer dentro de ese amplio 70% de economía informal.  En un país como Guatemala son la regla y no la excepción. Por el contrario, si la intención es mejorar las condiciones de los trabajadores que ganan el mínimo, esta medida firmó el despido de varios y la imposibilidad de conseguir un empleo formal de muchos otros.