Privacidad con P de Poder – Por: J. Mauricio Méndez Sarti

El Estado y sus ciudadanos mantienen una relación estrecha, en ocasiones tensa, pero ineludible. Mientras el aparato estatal depende de la participación activa de las personas para subsistir y cumplir sus objetivos, los ciudadanos confían en el Estado para garantizar sus derechos humanos. En un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado, esta relación enfrenta retos constantes que exigen adaptación y regulación adecuada.

Uno de los derechos humanos que necesita protección urgente es la privacidad digital. Así como el Estado ejerce su soberanía en la toma de decisiones internas, las personas tienen el derecho a la autodeterminación informativa, en otras palabras, es urgente garantizar a cada individuo el control pleno sobre sus datos personales y sensibles. Este derecho permite a cada ciudadano decidir qué información compartir, con quién y en qué condiciones, así como ejercer acciones para rectificar, cancelar u oponerse al uso indebido de sus datos.

En la era de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), todos somos titulares de datos personales y sensibles: desde nuestro nombre y documento de identificación hasta aspectos más íntimos como creencias religiosas, ideologías políticas o información sobre nuestra vida privada. Esta información debe ser tratada con los más altos estándares nacionales e internacionales de protección, pues su uso incorrecto, en palabras de la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 863-2011, podría ocasionar daños irreparables en ámbitos personales, sociales o profesionales. Es de la propia naturaleza de la autodeterminación informativa como un derecho interrelacionado con la privacidad, intimidad, libertad y dignidad del individuo, que recobra relevancia procurar su debida protección.

En Guatemala, la regulación sobre protección de datos personales y sensibles es insuficiente. Actualmente, la Ley de Acceso a la Información Pública aborda de manera limitada esta problemática, enfocándose exclusivamente en la información contenida en archivos públicos y dejando fuera los datos manejados por entidades privadas. Esta laguna legislativa expone a los ciudadanos a riesgos graves, ya que muchas empresas recogen y utilizan datos sin garantías claras de seguridad ni consentimiento adecuado. Por ejemplo, desde el momento en que una persona llena una solicitud de empleo, sus datos personales y, en ocasiones, sensibles, comienzan a ser recopilados.

El principio de consentimiento previo, libre e informado es fundamental en la protección de datos personales. En 2015, la Procuraduría de los Derechos Humanos responsabilizó a cinco empresas en Guatemala por violar este derecho al manejar información sin el consentimiento expreso de los titulares. Este caso evidencia la necesidad de una regulación que garantice el respeto a la autodeterminación informativa y establezca sanciones claras para quienes incumplan, así como los parámetros y límites en cuanto al tratamiento de los datos.

En el Congreso de la República, la iniciativa de ley 6464, conocida como la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, está en discusión. Lo cual  representa una oportunidad crucial para establecer un marco legal adecuado de regulación que contemple y proteja las libertades individuales de los ciudadanos.

En el corto plazo, al no contar con una regulación legal con respecto a la protección de datos, la defensa de la información personal pertenece a la esfera privada del individuo. Para ello, es importante tomar medidas de precaución, tales como leer los términos y condiciones de contratos o formularios antes de proporcionar datos, exigir transparencia a las empresas y conocer los derechos que respaldan la soberanía de su información.

En pleno siglo de la digitalización, es crucial comprender que nuestra privacidad no es negociable, pues representa un pilar fundamental de la libertades individuales. Por ello,  Guatemala necesita una normativa clara, robusta y eficaz para proteger los datos personales de sus ciudadanos, asegurando que estos sean tratados con respeto y responsabilidad, en defensa de la libertad, dignidad, privacidad e intimidad de los guatemaltecos.

Acerca del autor:

Mauricio Méndez Sarti es abogado guatemalteco con experiencia en derecho corporativo, mercantil y protección de datos personales. Ha participado en Moot Courts de Arbitraje Comercial y actualmente se desempeña como Asesor Legal en una multinacional de la industria farmacéutica. Se encuentra cursando una Maestría en Derecho Corporativo, fortaleciendo su formación en el ámbito empresarial y jurídico.