Un conflicto (in) oportuno

Es poco probable que la justicia de los EE.UU. se haya alineado a los intereses sobre la elección de Cortes en Guatemala, pero parece.

Por: José Carlos Ortega Santa Cruz

Sino tuviéramos una pandemia, estaríamos con titulares, editoriales, artículos de opinión y otros análisis sobre la elección de cortes: la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones y otras cortes de igual rango que ya lleva un retraso – para algunos ilegal – de diez meses. En este conflicto, que se ha intensificado a medida que pasan los días y los actores toman posiciones más beligerantes, una población silente, que ni conoce, ni le importa, ni sabe cómo le afecta, únicamente escucha ocasionalmente diatribas a favor y en contra de posiciones poco racionales.

Por otro lado, un grupo de personas con buenas intenciones y que luchamos porque exista un Estado de Derecho que pueda responder de forma igual a todos los guatemaltecos garantizando una de las pocas razones básicas para vivir en sociedad, empieza a inclinarse por cada bando, polarizando más y no pudiendo influenciar de forma suficiente para que se puedan elegir magistrados de forma justa y legal, sin olvidar las capacidades y cualidades que deben tener los togados: honradez, honorabilidad, independencia, saber derecho y leyes (que no es lo mismo), etc.

Sabemos de forma certera que existe gran influencia para elegir entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las otras cortes a abogados que no reúnen las cualidades adecuadas para impartir justicia, influenciados por el crimen organizado, los actores de la corrupción o politizados.

Por otro lado, se presentan los que con el supuesto fin de castigar a los malos y salvar la justicia, utilizan los medios inadecuados para impartirla, haciendo con sus propias acciones precedentes sumamente peligrosos para la patria y la república.

Los lados empujan, los lados estiran, presionan y realizan güizachadas que destruyen nuestro débil sistema de justicia y se justifican de cualquier manera. El gran reto de la salida de CICIG de Guatemala era que los guatemaltecos pudiésemos tomar la responsabilidad de nuestro sistema de justicia y lograr, mediante la discusión y acuerdos de lo que la mayoría de guatemaltecos queremos y necesitamos, justicia igual para todos, sin importar condición social, económica, residencia, religiosa, etnia, ideología, sexo, etc.

Pero, envés de haber tomado la responsabilidad del asunto, ante el vacío que dejaba CICIG con sus lastimeros aciertos y sus tremendos errores, el sistema de ha deteriorado aún más.

Ante esta situación se influencia desde actores locales, pero también desde fuera, por medio de embajadas y presiones internacionales. Resulta muy coincidente que en uno de los momentos más álgidos de esta lucha, se presente en los Estados Unidos de América una acusación contra el exministro de economía Lic. Acisclo Valladares Urruela.

En medio de la acusación, sin dar nombres o hechos certeros o probatorios, como debe ser, se revela una estructura entre un funcionario gubernamental, un funcionario de la banca local y un “conocido” narcotraficante. Como siempre, los guatemaltecos empezamos a elucubrar sobre los posibles asociados a esta estructura criminal y llegamos a conclusiones desde las más altas esferas gubernamentales pasadas, presentes y empresariales, hasta sueños animados de ayer y de hoy.

Pero el asunto de la justicia es grave. Es el tema que debiera ocuparnos a todos y posiblemente sea más importante que la pandemia. ¡Vivimos en una permanente epidemia de injusticia!

Al final, los dos casos de impartición de justicia de la semana pasada, del exministro Valladares Urruela y de fallecido posible asesino de su esposa (ni el nombre vale la pena recordar) desvela que nuestro sistema de justicia no está bien y que es tiempo de reformarlo. Si no, vamos a terminar por el camino de los países que, por falta de justicia, terminan escogiendo a salvadores populistas que envés de medicina, son pura enfermedad (o pandemia).

Twitter: @josekrlos