Una colecta comunitaria denominada ¡Libertad para Anastasia, Petrona y Manuel! se realiza con el fin de ayudar las 3 personas en mención quienes han sido ligadas a proceso y se les ordenó arresto domiciliario el cual debe pagarse por una monto de Q60 mil (Q20 mil por persona).
La periodista indígena Anastasia Mejía junto a Petrona Siy y Manuel Hernández han sido enviados a prisión domiciliar por la jueza Susy Pérez, del Juzgado de Primera Instancia de Quiché, por los presuntos delitos de sedición y atentado con agravación de la pena.
Los señalamientos fueron hechos por el actual alcalde de Joyabaj, Florencio Carrascoza quien según los defensores de las comunicadoras tales acusaciones son del todo falsas por parte del jefe edil.
Condenan el proceso penal
En este sentido la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), se pronunciaron condenando el proceso penal de la periodista Mejía con los términos más severos hacia la jueza Pérez ya que las acusaciones realizadas por el alcalde Carrascoza están en complicidad con el fiscal distrital Casimiro Hernández.
Según la APG la estrategia del fiscal Hernández se basó únicamente en demeritar la cobertura realizada por Mejía en los disturbios del 24 de agosto y cuestionar su presencia en el lugar. La mayor parte de la audiencia, celebrada este miércoles, el fiscal se dedicó a reproducir y narrar partes del video tomado por la comunicadora.
También manifestó que Mejía no fue agredida por los manifestantes, porque era parte de ellos, pero en ningún momento pudo presentar declaraciones de ella u otras pruebas que manifestaran que ella incitó a la turba, los dirigió o participó en los actos vandálicos.
Hechos
El pasado 24 de agosto se registraron unos disturbios que dañaron la municipalidad de Joyabaj, Quiché, la periodista se encontraba en las afueras del edificio municipal para realizar una transmisión en el medio que dirige, sin embargo fue detenida junto a Siy y Hernández por estar supuestamente involucrada en los disturbios y de incitar a la violencia a los manifestantes.
Hasta el momento autoridades como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y demás instancias pro justicia social no se han pronunciado al respecto.
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