Luego de la manifestación en contra del Presupuesto Nacional 2021, y los posteriores incidentes violentos ocurridos en el Guatemala, el Presidente Alejandro Giammattei decidió invocar la Carta Democrática Interamericana “ante los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días (…) los actos violentos que coordinadamente han alterado la paz pública, y que ponen en riesgo la institucionalidad democrática de nuestro país”, informó el ejecutivo por medio de un comunicado.

Ante esta situación el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que apoya los esfuerzos del gobierno de Guatemala “por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional”, siendo ello  esencial para “asegurar el fortalecimiento institucional del país, especialmente en la necesaria independencia de los Poderes Judicial y Electoral”.

En este sentido dijo Almagro, en lo referente al presupuesto para el 2021, el mismo “debe asegurar los máximos compromisos del Gobierno y del Congreso de garantizar transparencia, rendición de cuentas y los más altos estándares de lucha contra la corrupción, entendiendo como prioritaria la lucha contra la desnutrición infantil”.

El secretario dijo que se resalta la voluntad política por propiciar los espacios para el entendimiento ciudadano en momentos de tanta complejidad por el tema mencionado, el COVID-19, los desastres naturales recientes y otros problemas de difícil tratamiento para cualquier gobierno.

Almagro considera que la gobernabilidad y estabilidad del país deben asegurarse, “los gobiernos de “notables” que no han sido electos por el pueblo son por esencia antidemocráticos y antidemocratizadores. Los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse, ese es el sentido de la democracia. Asimismo, Gobernabilidad no implica impunidad, sino todo lo contrario, la misma debe reafirmarse sobre patrones absolutamente claros de lucha contra la corrupción.”

Carta Democrática de la OEA

Su aplicación no genera intervención militar, tampoco intervencionismo y mucho menos una salida inmediata del gobierno guatemalteco.

La Asamblea General de la OEA aprobó la resolución de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú.

La creación de la carta fue necesaria, entonces, para reforzar “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”, como cita la organización. Es decir, son medidas que tienen como objetivo restablecer el orden democrático y contiene herramientas de negociación para adoptar con los países que incumplan con las obligaciones allí contenidas.

Estas medidas están de acuerdo con las normas aprobadas por todos los miembros de la organización. No se trata de castigar, se  trata de restablecer y fortalecer las instituciones.

El objetivo es evitar la violación de derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión, a la separación de poderes, a la libertad de circulación, el debido proceso, la no existencia de tortura, la no existencia de presos políticos y erradica aquellas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz de los países de la región.

Cuatro hipótesis

La carta  estima cuatro hipótesis; la primera es cuando se produce una situación que pone en peligro la estabilidad democrática en un país, el cual pide ayuda a la OEA.

La segunda es similar y es que, cuando se presenta una crisis democrática en un país, la OEA resuelve ayudarlo, con consentimiento de ese gobierno. Venezuela, en 2002, y Nicaragua, en 2004 y 2005, pidieron asistencia a la organización, a través de la Carta.

La tercera hipótesis ocurre cuando se altera el orden constitucional y democrático en un país, pero contrario a las dos primeras, el gobierno no pide ni acepta ayuda. Es allí, cuando se invoca el Artículo 20, como ha ocurrido en el caso de Venezuela. De esta manera, convocan al Consejo Permanente para evaluar la situación y tomar medidas.

Por último, la cuarta hipótesis es la prevista en las normas anteriores; cuando ya no hay gobierno y solo un golpe de estado.

Normas

La Carta Democrática está vigente todo el tiempo, no solo cuando algún país se encuentra atravesando una crisis. Por el contrario, su función es preventiva. Cuando echa a andar, únicamente hace un llamado para que se cumplan varias obligaciones que han sido acordadas, negociadas y aceptadas por los miembros de la organización.

La Carta tampoco indica que un gobierno sea expulsado de inmediato. El Artículo 20 prevé que hecha la apreciación colectiva, el Consejo Permanente de la OEA o la Asamblea General pueden tomar varias medidas escalonadas y que ofrezcan alternativas que van desde gestiones diplomáticas, de buenos oficios, asistencias, observaciones, la convocatoria a nuevas elecciones bajo observación internacional, etc.  La medida máxima es la suspensión.

Para llegar a la suspensión, primero la Carta debe ser invocada; luego, el Consejo Permanente debe votar para decidir si de verdad se está agrediendo el orden democrático y apelar a la vía diplomática y, si la gestión no funciona, el tercer paso es que la Asamblea General debe someter a votación la suspensión del país en la organización. Si es aprobada, el país recibe fuertes sanciones. Luego, si así lo amerita la organización, se debe abrir otro proceso de convocatoria y votos para levantar la suspensión. Para aprobar la suspensión, son necesarios 24 votos, de los 34 países miembros, en una Asamblea General Extraordinaria.