Acción Ciudadana presentará nuevos recursos contra alza salarial en el Congreso

La organización Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, anunció nuevas acciones legales contra el aumento salarial de los diputados del Congreso de la República. La decisión se da luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara un recurso previo en contra de la medida.

El salario base de los diputados pasó de Q29,500 a Q46,700 tras la aprobación del incremento en noviembre de 2024. Con la suma de dietas y gastos de representación, la cifra total asciende a Q66,000 mensuales. Informes internos señalan que la Dirección de Finanzas del Congreso y otras instancias avalaron el ajuste, lo que permitió su ejecución en febrero de 2025.

Críticas por falta de transparencia

Acción Ciudadana reiteró su rechazo al aumento, calificándolo como una decisión “poco transparente y carente de justificación técnica”. La entidad presentó un amparo constitucional y una solicitud de debida ejecutoria, pero esta última fue desestimada por la CC.

Mediante un comunicado, la organización afirmó que el incremento no responde a criterios de equidad ni considera la situación económica del país. “Esta decisión legislativa se ha tomado de espaldas a la ciudadanía, en un contexto de crisis económica y sin un análisis financiero riguroso”, destacó el documento.

Asimismo, advirtió que el ajuste salarial afecta la confianza ciudadana en el Congreso, debilitando su legitimidad como órgano legislativo. “El aumento exacerba la percepción de abuso de poder y falta de compromiso con la austeridad estatal”, señalaron.

Nuevas acciones legales en curso

Pese al fallo adverso de la CC, Acción Ciudadana confirmó que en los próximos días continuará con la presentación de nuevos recursos legales para revertir el incremento salarial.

“Nos mantendremos vigilantes y comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del interés público”, subrayó la organización, haciendo un llamado a la ciudadanía para exigir mayor responsabilidad en el uso de los fondos públicos.