Política en Guatemala
Accionan contra uso extendido del NIT y datos de accionistas
Abogados presentan acción de inconstitucionalidad contra reformas al Código Tributario por posible violación a derechos constitucionales.
El miércoles 9 de abril, los abogados independientes Víctor Manuel Turcios Urrutia y José Roberto Turcios Urrutia interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad en contra de recientes reformas al Código Tributario, aprobadas mediante el Decreto 31-2024 por el Congreso de la República.
Presentan acción judicial
La acción judicial busca declarar inconstitucionales varios artículos que, según los juristas, transgreden derechos fundamentales relacionados con la confidencialidad de datos y el ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes.
Uno de los principales señalamientos se refiere a la modificación del artículo 120 del Código Tributario, que establece la obligatoriedad de registrar en el Registro Tributario Unificado (RTU) los nombres de los accionistas de toda entidad mercantil o de aquellos socios cuya participación esté dividida en acciones, así como de cualquier entidad con estructura societaria.
Argumentan vulnerabilidad de tres artículos
Los abogados argumentan que esta obligación vulnera los artículos 24, 28 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales garantizan la privacidad y protección de los datos personales de los ciudadanos. A su juicio, solicitar esta información sin que medie un propósito estrictamente tributario representa una intromisión desproporcionada del Estado en la esfera privada de los contribuyentes.
Asimismo, los profesionales del derecho destacaron que el mismo artículo incluye una disposición que impide al contribuyente realizar trámites ante la administración tributaria si no actualiza anualmente la información relacionada con accionistas y participación social. Esto, advirtieron, podría dejar a personas y empresas en estado de indefensión jurídica, al impedirles presentar declaraciones, recursos administrativos o incluso cumplir con sus obligaciones fiscales.
“El no cumplimiento de un requisito formal no puede justificar la negación del derecho a la defensa”, señalaron los abogados, en referencia al artículo 12 constitucional, que garantiza el debido proceso.
En otro punto de la acción legal, se impugna la disposición que exige consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) en todo tipo de transacciones, incluso aquellas de índole civil, mercantil o judicial. Según los promoventes, esta medida excede el alcance del régimen tributario y podría convertirse en una carga administrativa innecesaria para los ciudadanos.
“El NIT debe limitarse a los actos propios de la relación tributaria. Su inclusión obligatoria en contratos civiles o procesos judiciales va más allá de lo razonable”, afirmaron.
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