Alcaldes se reúnen para solicitar a Arévalo sancionar decreto 7-2025

Alcaldes de distintos municipios del país sostienen este miércoles 17 de septiembre una reunión privada en la Ciudad de Guatemala con el objetivo de consolidar una petición común dirigida al presidente Bernardo Arévalo.

Los jefes ediles buscan que el mandatario sancione el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El encuentro se desarrolla en un restaurante de la zona 1, a pocas cuadras del Palacio Nacional de la Cultura, y fue convocado por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Sobre el decreto 7-2025

El decreto fue aprobado recientemente por el Congreso de la República bajo el procedimiento de urgencia nacional.

Su objetivo principal es garantizar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los fondos no ejecutados durante el ejercicio fiscal en proyectos que quedaron interrumpidos por razones administrativas y técnicas, entre ellas la falta de asignación de recursos.

La medida cuenta con amplio respaldo de las corporaciones municipales, que argumentan que estos fondos son necesarios para dar continuidad a obras comunitarias ya iniciadas.

Postura de la Anam y alcaldes

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, presidente de la Anam, afirmó recientemente que ha recibido más de 200 cartas de apoyo de jefes ediles para solicitar la sanción de la normativa.

Señaló además que, en caso de que el Ejecutivo no la respalde, los alcaldes apoyarán al Congreso.

Durante la jornada, Siero también denunció que varios alcaldes habrían recibido presiones y amenazas de gobernadores departamentales para no asistir al encuentro en la capital.

Declaraciones de los participantes

Algunos alcaldes ofrecieron declaraciones antes de ingresar a la reunión:

• Werner Neftalí Orozco, alcalde de Comitancillo, San Marcos, expresó que buscan exigir al Gobierno que los presupuestos municipales se ejecuten y no queden sin utilizar. “Queremos que se le cumpla al pueblo, porque el presupuesto había sido designado y no se le puede quitar”, afirmó.
• Rigoberto Corleto, jefe edil de Raxruhá, Alta Verapaz, indicó que se trasladó a la capital para “resguardar los fondos destinados a las comunidades”, advirtiendo que los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) serían los más afectados si la ley no recibe sanción presidencial.
• René Pinto, alcalde de Chiquimula, señaló que en su municipio los proyectos ordinarios llevan un 50% de ejecución y planteó la necesidad de que los fondos se programen también con carácter bianual.