Política
Aumento salarial en el Congreso sigue sin resolverse
El aumento salarial de diputados en Guatemala sigue sin resolverse tras tres meses de aprobación. El Congreso aún debate el tema.
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El debate sobre el aumento salarial para los diputados del Congreso de la República de Guatemala sigue sin resolverse, a pesar de haber sido aprobado en el pleno hace casi tres meses. El presidente del Legislativo, Nery Ramos, aseguró que solicitará un informe sobre las discusiones realizadas en la Junta Directiva, ya que no ha estado presente en algunas sesiones clave.
Ramos se desmarca del incremento
El pasado 27 de noviembre, el Congreso aprobó una enmienda que permite readecuaciones salariales para los diputados, estableciendo que sus sueldos no pueden ser inferiores a los de un magistrado de sala. Esta medida, aprobada con 87 votos a favor, elevaría el salario mensual de los legisladores de 29,000 a un mínimo de 45,000 quetzales.
Sin embargo, Ramos reiteró su oposición al incremento y aclaró que su voto siempre ha sido en contra de mejorar los ingresos de los congresistas. A pesar de ello, subrayó que la decisión final recae en la mayoría dentro del Legislativo.
“Mi postura ha sido clara: estoy en contra del aumento. Pero en el Congreso las decisiones se toman por mayoría, y en la Junta Directiva hay nueve integrantes que pueden definir el rumbo de este tema”, explicó el funcionario.
Solicitud de informe y lo que se avecina
El presidente del Congreso aseguró que pedirá un informe detallado de las sesiones de la Junta Directiva para conocer cómo ha avanzado la discusión sobre el incremento salarial.
“Desconozco el estado actual de la decisión, por lo que solicitaré las actas correspondientes. Una vez tenga claridad sobre el tema, se lo comunicaré al país”, indicó.
El aumento salarial para los diputados ha generado debate en distintos sectores de la sociedad, especialmente por el contexto económico del país y el impacto en el presupuesto legislativo, que asciende a 1,464 millones de quetzales. Además, la medida contempla la posibilidad de que los congresistas reciban prestaciones laborales y una indemnización al finalizar su período.