Baja productividad y sueldos al alza marcan primer período legislativo, según Congreso Eficiente

El primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República en 2025 estuvo marcado por una productividad legislativa limitada, falta de liderazgo efectivo y un controversial aumento salarial, según un reciente análisis de la alianza Congreso Eficiente, conformada por Guatemala Visible, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación Proyecto de Vida, Fíjate Bien.

Del 14 de enero al 15 de mayo, el Legislativo celebró únicamente 21 sesiones plenarias, seis menos que en el mismo período del año anterior, reflejando una disminución en el ritmo de trabajo parlamentario. Esta reducción coincidió con una caída en la presentación de iniciativas de ley, pasando de 72 en 2024 a 62 en 2025, entre las cuales se incluyeron una ampliación presupuestaria y la corrección de un error en la ley de tarjetas de crédito.

Desconexión entre recursos y desempeño

El informe destaca una “desconexión” entre el aumento de recursos asignados al Congreso y la calidad de su desempeño legislativo. María del Carmen Aceña, investigadora del CIEN, advirtió que las iniciativas aprobadas no han respondido a una agenda de desarrollo nacional.

“Los decretos aprobados han sido correctivos, no estratégicos. No se ha avanzado en reformas de fondo ni en legislación clave para el país”, indicó Aceña.

Liderazgo cuestionado

Pese a haber sido reelegido como presidente del Congreso, el diputado Nery Ramos no logró consolidar una dirección efectiva. Analistas señalan que la falta de cohesión entre bancadas y el escaso seguimiento a las convocatorias de jefes de bloque evidencian un vacío de liderazgo, lo que provocó el estancamiento de múltiples iniciativas.

Walter Menchú, también del CIEN, remarcó que entre enero y marzo no hubo avances significativos en la agenda legislativa. “Solo en abril y mayo hubo algo de movimiento. No se generó un ambiente de consenso ni se convocaron reuniones clave en los momentos críticos”, explicó.

En contraste, el Departamento de Comunicación Social del Congreso sostiene que las funciones institucionales se cumplieron conforme al reglamento, al realizarse convocatorias tanto a plenarias como a instancias de jefes de bloque.

Aumento salarial: sin transparencia ni justificación técnica

Uno de los puntos más polémicos del período fue la aprobación de un incremento salarial para los diputados, decidido por el pleno y ejecutado por la Junta Directiva sin debate público ni respaldo técnico. La medida ha sido criticado por su falta de transparencia y por el hecho de que se implementó sin mecanismos de evaluación de desempeño legislativo.

Actualmente, los diputados que no integran la Junta Directiva reciben Q61,300 mensuales, mientras que el presidente del Congreso percibe Q97,300 al mes, cifras que no contemplan descuentos por inasistencias o retrasos.

“Los altos salarios contrastan con una agenda legislativa débil. Además, las reuniones clave se paralizaron por el impacto político del aumento”, señaló Aceña.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, expresó su preocupación por la poca atención que este tema ha recibido en la opinión pública, lo que ha permitido que los diputados evadan la discusión.

“Hay una desconexión con la ciudadanía. Las prioridades del Congreso no reflejan las necesidades reales del país”, afirmó.

Aumento de asesores: otra carga presupuestaria

A la polémica salarial se suma el crecimiento sostenido en el número de asesores contratados bajo el renglón 022, que pasaron de 591 en 2016 a 991 en la actualidad, lo que representa una carga adicional para el presupuesto del Congreso, sin que se evidencie una mejora proporcional en la calidad del trabajo legislativo.

Desde la alianza Congreso Eficiente, el director ejecutivo Fernando Bon cuestionó el rumbo del Legislativo:

“¿De qué sirve un aumento de sueldo si la función legislativa ha decaído y la calidad de los decretos es cada vez más baja?”, concluyó.

A pesar de los señalamientos, el Congreso respondió que el aumento fue aprobado conforme al procedimiento legal y respaldado por la soberanía del pleno.