Bequer Chocooj denuncia supuestas violaciones a sus derechos durante incidente con Semilla

El pasado 14 de enero, un altercado protagonizado por el diputado Bequer Chocooj, del partido Cabal, y legisladores de Semilla marcó el final de la sesión solemne en el Congreso tras el primer informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Chocooj intentó entregar una carta al mandatario, solicitando su renuncia, pero fue interrumpido por Samuel Pérez, quien rompió el documento en pleno graderío, calificando el acto como una provocación política.

Tras el incidente, Chocooj presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que se violaron sus derechos como legislador y ciudadano. Entre los derechos mencionados, el artículo 28 de la Constitución Política de Guatemala, referente al derecho de petición, establece que todo ciudadano puede dirigir solicitudes a las autoridades, quienes están obligadas a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Según Chocooj, su intento de entregar la carta al presidente Arévalo era un ejercicio legítimo de este derecho, que fue impedido de manera abrupta.

Violación a sus derechos

Además, el artículo 30 garantiza la publicidad de los actos administrativos, permitiendo a los ciudadanos el acceso a información y expedientes de carácter público. Aunque el incidente no involucró directamente archivos o documentos públicos, el contexto en el que ocurrió plantea preguntas sobre la transparencia y el respeto a las formalidades administrativas en el ámbito legislativo.

¿Revuelo en redes sociales?

El incidente también tiene implicaciones en cuanto al artículo 35, que protege la libertad de emisión del pensamiento, garantizando que cualquier ciudadano puede expresar críticas o denuncias hacia funcionarios públicos sin censura previa. Chocooj argumentó que su acto fue una expresión legítima de disenso político, enmarcada en este derecho. Sin embargo, el diputado Samuel Pérez defendió su intervención afirmando que las acciones de Chocooj representaban una estrategia para desestabilizar al actual gobierno.

Un debate constitucional y social

El artículo 35 también establece que las críticas o denuncias contra funcionarios públicos, siempre que sean en el ejercicio de sus cargos, no constituyen delito. Este principio fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para el fortalecimiento democrático en nuestro país.

En redes sociales, cientos de usuarios han señalado que esta situación refleja una aparente vulneración al derecho de petición, la libertad de expresión y la publicidad de los actos administrativos, recordando que estos son pilares fundamentales que deben ser garantizados y respetados en todos los ámbitos de la administración pública.