Política
Caso Transurbano: Investigación apunta a “exfiscales y exjefe de CICIG”
La investigación del caso Transurbano podría extenderse al exjefe de la CICIG y a exfiscales guatemaltecos.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció nuevas acciones legales en torno al caso Transurbano, que podrían involucrar al exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, así como a los exfiscales Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.
Esta investigación, centrada en la supuesta defraudación al Estado durante la administración de Álvaro Colom, cobró relevancia tras el fallo del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal que, el pasado 18 de diciembre, dictó sobreseimiento a favor de siete exministros y dos ex viceministros. Según el juez Mario Hichos, el escrito de acusación presentado por la FECI carecía de fundamentos jurídicos sólidos, lo que calificó como una “aberración jurídica”.
El Ministerio Público confirmó que no apeló esta decisión, pero denunció al fiscal que redactó el documento acusatorio, argumentando violaciones al principio de legalidad y al debido proceso. Además, Curruchiche afirmó que el caso podría extenderse al ámbito internacional, involucrando al excomisionado de la CICIG por presuntas manipulaciones en el sistema judicial guatemalteco.
Entre los señalados también figura Thelma Aldana, exfiscal general, a quien se le acusa de aprovechar su posición para fines políticos. Asimismo, se menciona a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, como el responsable de las investigaciones iniciales del caso.
Curruchiche reiteró el compromiso del Ministerio Público en combatir actos de corrupción y aseguró que no se tolerarán irregularidades en la administración de justicia.
Contexto del caso Transurbano
El caso Transurbano se originó en 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando se destinaron 270 millones de quetzales a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para implementar un sistema prepago de transporte público. La transferencia de estos fondos, según las investigaciones, careció de aval legal y controles administrativos, lo que derivó en posibles pérdidas millonarias para el Estado.