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Política en Guatemala

Congreso aprueba reformas a la Ley de Alimentación Escolar y al IVA para garantizar fondos directos a estudiantes

Con 144 votos a favor, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 10-2025, que reforma la Ley de Alimentación Escolar y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida busca liberar los fondos retenidos, garantizar su uso directo por las Organizaciones de Padres de Familia y fortalecer la nutrición escolar en los centros educativos públicos.

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Congreso aprueba reformas a la Ley de Alimentación Escolar y al IVA para garantizar fondos directos a estudiantes
Foto: Congreso

Con 144 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes 21 de octubre, de urgencia nacional, el Decreto 10-2025, que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 27-92) y la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017).

La medida busca liberar y garantizar el uso íntegro de los fondos destinados a la refacción escolar, fortaleciendo el acceso de los estudiantes del sistema público a una alimentación completa y saludable.

Fondos directos y sin retenciones

Con las reformas, el Ministerio de Educación podrá trasladar directamente los recursos a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) encargadas de la compra y distribución de los alimentos escolares.

Uno de los principales cambios fue la derogación del artículo que obligaba al Ministerio a retener el 12% del presupuesto de alimentación escolar.
La modificación elimina la doble carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA), permitiendo que las OPF utilicen el total del presupuesto asignado para adquirir suministros y preparar los menús escolares.

Alimentos más nutritivos y fondos protegidos

Las reformas también autorizan la compra de alimentos procesados y no procesados, ampliando las opciones para elaborar menús más variados y nutritivos en beneficio de la niñez guatemalteca.

Asimismo, el decreto establece que los fondos destinados a la alimentación escolar serán intocables, evitando su desvío hacia otros programas gubernamentales.

Para garantizar su sostenibilidad, se implementará un mecanismo de revisión periódica del monto asignado, tomando en cuenta el incremento del costo de la canasta básica y las necesidades nutricionales de los estudiantes. Con la aprobación de estas reformas, el Congreso busca fortalecer la política de alimentación escolar y asegurar que los recursos lleguen de forma transparente y directa a las comunidades educativas.

El Ministerio de Educación deberá supervisar la correcta ejecución del programa, promoviendo una dieta balanceada y de calidad para los niños y niñas del sector público,

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