Congreso autoriza al Estado construir obras en terrenos comunales e indígenas sin adquirir la propiedad

El Congreso de la República aprobó el Decreto 13-2025, que reforma la Ley Orgánica del Presupuesto y permite al Estado construir infraestructura en terrenos de propiedad comunal o indígena sin necesidad de obtener la titularidad. La medida busca agilizar la ejecución de obras públicas, pero también abre el debate sobre los límites del consentimiento comunitario y la protección de la tierra ancestral.

Una reforma con implicaciones territoriales

Con amplio respaldo legislativo, los diputados aprobaron que el Estado pueda desarrollar proyectos de infraestructura en tierras indígenas y campesinas con el aval de las comunidades, sin que estas cedan la propiedad del terreno.

Hasta ahora, la ley exigía transferir los inmuebles a las municipalidades o instituciones estatales antes de iniciar cualquier construcción. Esa disposición fue eliminada para permitir que el acta de asamblea comunitaria sea suficiente título legal para autorizar las obras.

El decreto establece que dicho aval deberá especificar el uso, la finalidad y el plazo del acuerdo, el cual no podrá ser menor de 20 años, y podrá renovarse según la decisión de las propias comunidades.

El contexto político y los actores detrás de la reforma

La iniciativa se aprobó tomando como base la propuesta 6466, presentada en octubre de 2024 por el congresista Sergio Celis, aunque con modificaciones respecto a la versión inicial.

Cabe destacar que una propuesta similar fue enviada al Congreso en agosto por el presidente Bernardo Arévalo, pero finalmente los diputados optaron por utilizar el texto de Celis. La aprobación recibió el respaldo de bancadas oficialistas y de oposición, incluyendo a Vamos, Valor y UNE, en una rara coincidencia política.

Según fuentes legislativas, la medida responde a una petición de organizaciones indígenas, que mantienen una mesa de diálogo mensual con el presidente Arévalo en el Palacio Nacional, y que buscan facilitar la ejecución de obras comunitarias sin perder la propiedad ancestral de la tierra.

La reforma al artículo presupuestario representa un avance en el reconocimiento de la autonomía comunitaria, pero también abre zonas grises en la gestión del territorio indígena.

Aunque la norma establece que la autorización deberá surgir de una asamblea comunitaria, no define mecanismos de verificación ni límites claros frente a proyectos estatales que puedan generar conflictos ambientales o sociales.

En un país con históricos desacuerdos sobre la propiedad colectiva y la tenencia de la tierra, esta reforma plantea un desafío: cómo equilibrar el desarrollo de infraestructura pública con el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

🏛️#AVANCE | Con 122 votos, el Congreso de la República aprobó el Decreto 13-2025, que autoriza al Estado a construir en bienes de entidades descentralizadas sin requerir transferencia de propiedad.#CongresoGT #Decreto132025 #PresupuestoGT #InfraestructuraGT pic.twitter.com/1cD4OMvJI5

— CENTRANEWS (@CentraNewsGT) November 12, 2025