Política en Guatemala
Congreso declara terroristas a pandilleros y aprueba ley con penas más severas
Congreso aprueba ley que clasifica a las maras como terroristas y endurece el castigo a delitos graves.
El Congreso de la República aprobó, tras una extensa jornada de debates, la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, una normativa que declara a las pandillas como organizaciones terroristas y endurece las sanciones contra múltiples delitos vinculados al crimen organizado.
La decisión se da pocos días después de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del penal Fraijanes II, hecho que generó una fuerte crisis política y presiones al Organismo Legislativo para responder con medidas más contundentes en materia de seguridad.
#EnVivo: 39ª #SesiónOrdinariaAdicional de la #XLegislatura del Congreso de la República. 14/10/2025 https://t.co/k1EPLC8uKq
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 14, 2025
Una ley aprobada tras intensas negociaciones
La sesión plenaria se extendió por horas mientras diputados de distintas bancadas, tanto oficialistas como de oposición, consensuaban más de 20 enmiendas a la propuesta original.
Finalmente, la ley fue aprobada en tercera lectura y con su articulado completo, tras semanas de estancamiento legislativo.
La normativa crea un marco legal más amplio para la persecución penal de estructuras criminales, así como nuevos mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las fuerzas de seguridad.
Uno de los puntos centrales establece que el Fiscal General podrá solicitar a la CSJ, a través de la Cámara Penal, la inclusión de nuevos grupos criminales en la categoría de terroristas, siempre que se determine que operan con fines similares a los de las maras 18 o Salvatrucha.
Penas más altas y nuevas figuras delictivas
Entre los principales cambios, la ley aumenta significativamente las penas para delitos como extorsión, agresión sexual, reclutamiento de menores, y obstrucción extorsiva del tránsito.
- Extorsión: pasa de un máximo de seis años a penas de entre seis y doce años de prisión, que podrán incrementarse en una tercera parte si son cometidas por pandilleros.
- Obstrucción extorsiva del tránsito: se castigará con penas de 14 a 18 años, con posibilidad de incremento según la gravedad del hecho.
- Reclutamiento de menores: las penas irán de 14 a 18 años, además de multas de hasta Q300 mil.
La normativa también crea nuevos delitos, como el enriquecimiento ilícito extorsivo (14 a 18 años de prisión) y usura, con penas de entre cuatro y diez años, acompañadas de multas que podrían alcanzar los Q500 mil.
Durante los procesos judiciales, los jueces podrán ordenar la inmovilización de cuentas bancarias y otros productos financieros vinculados a las investigaciones.
Además, las personas obligadas a recibir dinero proveniente de extorsiones no serán penalmente responsables, según la ley.
Control carcelario y medidas adicionales
La nueva legislación también incorpora restricciones más estrictas dentro de los centros penitenciarios.
Los reclusos no podrán poseer sumas de dinero que excedan sus gastos personales, ni tener aparatos de comunicación como teléfonos, radios, o dispositivos con acceso a internet.
El Sistema Penitenciario deberá implementar una base de datos actualizada de todos los privados de libertad, una información que hasta ahora no ha sido completamente sistematizada por las autoridades.
Asimismo, la ley tipifica como delito la “talacha”, una forma de coacción dentro de las cárceles, que será castigada con penas de seis a ocho años, incrementándose si es cometida por guardias penitenciarios.
Reacciones en el Congreso
La aprobación generó amplio respaldo entre los legisladores, quienes coincidieron en que el país necesitaba una herramienta legal más sólida para enfrentar el fenómeno de las maras.
“Hoy Guatemala da un paso importante al declarar como terroristas las acciones de las maras. Quizá no resuelve todo, pero traza una ruta clara hacia un sistema de justicia integral”, expresó el diputado Boris España.
El congresista Elmer Palencia, del bloque Valor, destacó que el apoyo oficialista llegó tras la reciente crisis de seguridad:
“Tuvieron que escapar 20 pandilleros para que quienes antes votaban en contra ahora lo hicieran a favor”, cuestionó.
Por su parte, Andrea Reyes, diputada oficialista, afirmó que la ley “responde a la necesidad de las víctimas de las pandillas” y aseguró que el oficialismo trabajó en conjunto con diversas bancadas para lograr acuerdos.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, calificó la iniciativa como una “propuesta integral” que busca romper los ciclos de violencia que afectan al país.
“Por años, las pandillas le han arrebatado la paz a los guatemaltecos. Esta ley busca devolver al Estado su capacidad de respuesta”, afirmó.
#AHORA | El Presidente @Nery_RamosR se reúne en el centro del Hemiciclo Parlamentario con los Jefes de Bloque, para dialogar sobre las enmiendas a la #Iniciativa5692, que propone la ley para el combate frontal a las actividades delictivas de las maras.
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