Política en Guatemala
Congreso dividido por suspensión de aumento salarial
El Congreso sigue paralizado desde el 25 de marzo tras suspender el alza salarial a diputados, causando divisiones y ausencias.
Las sesiones plenarias del Congreso enfrentan un parálisis desde el 25 de marzo, luego de que la Junta Directiva ordenara la suspensión temporal del incremento salarial a los diputados, aprobado en noviembre de 2024 bajo el Acuerdo 31-2024. La medida, que ya había sido aplicada en dos pagos, generó divisiones entre las bancadas y redujo la asistencia de legisladores al hemiciclo.
Posturas divididas en las bancadas
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) mostró fisuras internas. Mientras el subjefe Julio Marroquín calificó la decisión de “arbitraria”, otros como Adim Maldonado pidieron analizar el destino de los fondos no utilizados: “Debe haber una reducción al techo presupuestario del Congreso”, afirmó.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez (UNE) respaldó públicamente la suspensión en redes sociales: “El pueblo es primero”. En contraste, los bloques Vamos y Comunidad Elefante evitaron pronunciarse, según consultas a sus integrantes.
El diputado Luis Aguirre (CABAL) respaldó la medida, argumentando que el tema “detiene al Legislativo” y exigió retomar la agenda pública. Mientras, Obed Castañeda (VIVA) —que inicialmente votó a favor del aumento— admitió que su bancada rectificó su postura días después.
Presión social y amparos pendientes
La polémica llega en un contexto de rechazo ciudadano y recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Dos propuestas buscan anular el artículo que autorizó el incremento, pero requieren discusión plenaria.
Bancadas como VALOR, CREO y TODOS expresaron apoyo a la suspensión, aunque con reservas internas. Fuentes anónimas de la Junta Directiva revelaron que la decisión se tomó sin debate previo, aumentando las críticas por falta de transparencia.
Lo que se avecina
La votación definitiva se realizará en plenaria, posiblemente el 1 de abril, donde se definirá si el aumento se deroga oficialmente. Mientras, la presión pública y el fantasma del “costo político” marcan la agenda.
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