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Política

Congreso priorizará reforma electoral para 2025

La Junta Directiva del Congreso planea discutir y aprobar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en 2025.

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Congreso priorizará reforma electoral para 2025
Foto: Archivo / TSE

La Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala anunció que priorizará la discusión y aprobación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) a partir del primer trimestre de 2025. Esta iniciativa busca garantizar un debate amplio sobre los cambios propuestos, según el diputado Juan Carlos Rivera, quien asumirá la tercera secretaría en la próxima directiva legislativa.

El dictamen favorable para la reforma, presentado el 11 de noviembre de 2024 por la Comisión de Asuntos Electorales, ya está listo para iniciar el proceso legislativo. Este documento integra propuestas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y aportes de los diputados que conforman la comisión.

“Como Junta Directiva, impulsaremos este tema desde el inicio del período. Es necesario dedicar el tiempo suficiente para analizarlo y alcanzar consensos”, afirmó Rivera, quien también formó parte de la comisión que elaboró el dictamen.

Proceso legislativo y desafíos

Al tratarse de una ley de rango constitucional, la reforma requiere el respaldo de al menos 107 diputados para avanzar en el pleno. Posteriormente, deberá ser enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para evaluar su constitucionalidad. Antes de llegar a esta etapa, los legisladores esperan incorporar retroalimentación de diversos sectores para fortalecer el proyecto.

“No buscamos una aprobación apresurada. Es indispensable evaluar posibles enmiendas y considerar todos los puntos de vista”, señaló Rivera.

Contenido de la reforma

El dictamen actual propone cambios controvertidos, como la reducción de controles a partidos políticos y el aumento del financiamiento público para campañas electorales. Además, limita la colaboración de instituciones como la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria en la fiscalización electoral, lo que ha generado preocupación en sectores críticos de la sociedad civil.

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