Política en Guatemala
Corte de Constitucionalidad otorga amparo a Cámara de Comercio tras bloqueo anunciado por 48 Cantones
CC otorga amparo a Cámara de Comercio tras anuncio de bloqueo de los 48 Cantones de Totonicapán.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo provisional solicitado por la Cámara de Comercio del país, en respuesta a las declaraciones recientes de las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes anunciaron que no permitirán el ingreso de camiones distribuidores de bebidas gaseosas, cerveza y licor a sus comunidades.
Esta medida, planteada como una forma de presión ante diversas situaciones políticas, incluyendo el descontento con el aumento salarial aprobado para los diputados del Congreso, fue interpretada por el sector empresarial como una amenaza directa al libre comercio y la libre locomoción en el territorio nacional.
La resolución, emitida el jueves 3 de abril, ordena al presidente de la república, Bernardo Arévalo; al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, tomar acciones inmediatas para garantizar el respeto al orden público, la libertad de industria, comercio y trabajo, así como el derecho constitucional de libre circulación.
Tensión entre derechos indígenas y garantías constitucionales
El pronunciamiento de la Corte se da en un contexto de creciente tensión entre comunidades indígenas organizadas y el Estado guatemalteco. La Junta Directiva de los 48 Cantones expresó públicamente su inconformidad con decisiones legislativas recientes, y como medida de protesta anunció la restricción del paso de camiones distribuidores en sus territorios.
Aunque las autoridades comunitarias no han recurrido a bloqueos físicos hasta el momento, la Cámara de Comercio consideró sus declaraciones como un riesgo para el libre ejercicio de actividades económicas, por lo que interpuso una acción de amparo con carácter preventivo.
“Hubo una preocupación genuina de parte de muchas empresas que operan en la región. Lo que solicitamos a la Corte fue la protección de los derechos constitucionales que permiten a los guatemaltecos trabajar, circular y comerciar sin restricciones ajenas a la ley”, indicó Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala.
La postura del sector empresarial
El sector empresarial manifestó que respeta el derecho de manifestación de los pueblos indígenas, así como su legítima preocupación por la situación política del país. Sin embargo, subrayó que dichas expresiones deben llevarse a cabo dentro del marco legal y sin afectar los derechos de terceros.
“Entendemos el contexto social, pero creemos que no se deben usar medidas de hecho que puedan obstaculizar derechos fundamentales. No se trata de silenciar voces, sino de garantizar que la protesta no afecte a ciudadanos y empresas que no están involucrados en los conflictos políticos de fondo”, añadió Mayorga.
Para comprender el conflicto
El conflicto se da en medio de una serie de controversias en el Congreso de Guatemala, luego de que no se concretara la derogación definitiva del incremento salarial de los diputados.
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