Política en Guatemala
Diputados aprueban según acta un alza salarial más de un 60%: ¿Cuánto costará al país?
Diputados aumentan su salario un 60.2%, costando Q2.8 millones más al mes y Q33.7 millones al año. Conoce los detalles.

La medida, que establece un incremento del 60.2% en la remuneración de los legisladores, implica un gasto mensual adicional de Q2.8 millones y un impacto anual de Q33.7 millones en el presupuesto estatal.
Detalles del aumento salarial para diputados
Según el acta legislativa 10-2025, el salario de cada diputado pasará de Q29,150 a Q46,700 mensuales, lo que representa un incremento de Q17,550. En el caso de los miembros de la Junta Directiva, la cifra podría ser aún mayor debido a ingresos adicionales asociados a sus cargos.
El aumento se fundamentó en una consulta realizada al Organismo Judicial (OJ) sobre la remuneración de los magistrados de Corte de Apelaciones, cuyo resultado sirvió de referencia para la decisión tomada el 4 de febrero de 2025 por la Junta Directiva del Congreso. De los ocho diputados presentes en la sesión, siete votaron a favor de la medida.
Postura de la Corte de Constitucionalidad
Ante la controversia generada, la Corte de Constitucionalidad (CC) aclaró que la Junta Directiva no tiene la facultad exclusiva para aprobar un aumento de esta magnitud y que el pleno del Congreso debe pronunciarse al respecto. No obstante, la Junta Directiva argumentó que la orden de la CC no figuraba en la parte resolutiva del documento y que, por lo tanto, el incremento podía considerarse una decisión administrativa.
La CC advirtió que si no se siguen los procedimientos legales establecidos, podría intervenir de oficio para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
Reacciones y críticas
El anuncio del aumento salarial ha generado una ola de críticas por parte de la ciudadanía, organizaciones sociales y líderes políticos, quienes cuestionan la justificación de la medida en un contexto de desafíos financieros en el país. Además, se ha señalado que el procedimiento seguido por la Junta Directiva podría carecer de legalidad al no haber sido discutido en el pleno del Congreso.