Diputados impugnan seguro vehicular obligatorio en Corte de Constitucionalidad

Diputados de diversas bancadas políticas presentaron acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impugnar los acuerdos gubernativos que establecen la obligatoriedad de un seguro vehicular en Guatemala.

Los legisladores argumentan que la implementación del seguro obligatorio, establecido en los acuerdos gubernativos 46-2025 y 47-2025, no fue consensuada con los sectores afectados y podría representar una carga financiera para miles de guatemaltecos, especialmente para motociclistas y conductores de vehículos particulares.

Acciones legales y críticas al Ejecutivo

José Chic, diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó una acción de amparo ante la CC para evitar que los acuerdos entren en vigencia. “Esta medida afectará gravemente a la población, especialmente en un contexto económico difícil. No se consultó a los sectores involucrados y se impone sin considerar las realidades de las familias guatemaltecas”, declaró Chic.

Por su parte, Allan Rodríguez, diputado de la bancada Vamos, anunció que su bloque también analiza acciones legales contra la normativa. “No estamos de acuerdo con esta imposición. Es necesario revisar y consensuar este tipo de medidas antes de implementarlas”, señaló Rodríguez.

Otros legisladores, como Bequer Chocooj del bloque CABAL, han anunciado que presentarán recursos similares ante la CC. Mientras tanto, bloques como CREO, ELEFANTE y TODOS han respaldado un punto resolutivo en el Pleno del Congreso para exhortar al presidente Bernardo Arévalo a derogar o postergar la medida.

Detalles de los acuerdos gubernativos sobre seguros

Los acuerdos gubernativos 46-2025 y 47-2025 establecen la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos, incluyendo motocicletas, automóviles particulares, transporte urbano de pasajeros y vehículos de carga. La normativa también incluye la regulación estricta del transporte, el endurecimiento de sanciones por conducción irresponsable y el fortalecimiento de la fiscalización vial.

Según los reglamentos publicados en el Diario de Centro América, los conductores que no cumplan con la normativa podrían enfrentar multas que oscilan entre 50 y 300 dólares.

Reacciones y lo que se avecina

El diputado Orlando Blanco, de la bancada UNE, explicó que, de no atenderse las demandas de los legisladores, se presentarán más acciones de amparo ante la CC. “Estamos ante una posible inconstitucionalidad. Es necesario proteger los derechos de los ciudadanos y evitar medidas que agraven su situación económica”, afirmó Blanco.

Por otro lado, el diputado José Chic cuestionó la falta de consulta previa con los sectores afectados. “Habría que preguntarle al presidente Arévalo con quiénes se reunió para tomar esta decisión. Las aseguradoras no representan al ciudadano común”, destacó.