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Política en Guatemala

FECI expone avances del caso Unops

Investigación revela pagos sin servicios y alerta por medicina contaminada.

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FECI expone avances del caso Unops
Foto: Captura de vídeo MP

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este lunes 17 de noviembre nuevos avances sobre el caso “Unops: Corrupción Presidencial”, una investigación que señala irregularidades en el convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la adquisición de medicamentos e insumos.

Según el Ministerio Público (MP), los hallazgos preliminares muestran erogaciones por servicios no prestados, cobros retroactivos y la detección de medicina contaminada que habría llegado a centros asistenciales del país.

Comparación con Odebrecht y participación de la PGN

Durante la presentación, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, recordó que el expediente fue abierto el 21 de octubre y lo calificó como el caso de corrupción más grande del actual gobierno. Afirmó que la investigación no está bajo reserva y que los avances obtenidos son “muy importantes”.

Curruchiche comparó la magnitud del expediente con el caso Odebrecht, aunque enfatizó que en esta ocasión la Procuraduría General de la Nación (PGN) sí participa como representante del Estado agraviado.

“En el caso Odebrecht fueron 383 millones de dólares; en el caso Unops hablamos de 953 millones”, señaló, al destacar que en este último no se permitió que fondos del Estado fueran trasladados sin control.

El fiscal afirmó que el convenio con Unops pudo haber significado que más de Q7 mil millones terminaran en manos de la entidad internacional, algo que —según dijo— se evitó gracias a la intervención del MP.

Suspensión del convenio y diligencias en Salud

Curruchiche también informó que el 30 de octubre la FECI fue notificada de la decisión del Ministerio de Salud y Unops de dar por terminado el convenio. Según indicó, esa resolución respalda las alertas planteadas por el ente investigador sobre posibles irregularidades.

Afirmó que si las diligencias no se hubieran ejecutado, “el dinero de los guatemaltecos se habría perdido”, ya que Unops habría cobrado más de Q1,100 millones únicamente por actuar como intermediario en las compras.

Hallazgos clave en oficinas de Salud y farmacéuticas

Documentos, correos y registros sobre medicamentos contaminados

El fiscal de FECI Mario Véliz presentó detalles de los hallazgos derivados de las inspecciones realizadas en oficinas del MSPAS, el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, y en seis farmacéuticas proveedoras vinculadas al convenio con Unops.

Entre los documentos recabados se encontraron memorándums, correos electrónicos y expedientes que revelan indicios de medicina contaminada.

Según la investigación, esa alerta se originó el 27 de mayo de 2024, cuando una enfermera del Hospital de Villa Nueva reportó que un medicamento presentaba aspecto turbio y restos de material viscoso de color café.

Pese al aviso, las autoridades del MSPAS tomaron medidas hasta el 24 de octubre de 2024, cuando se confirmó que el paracetamol/acetaminofén presentaba desarrollo de hongos, lo que motivó su suspensión.

Pagos retroactivos sin servicios prestados

Otro de los hallazgos señala que el Estado realizó pagos por servicios que no habían sido ejecutados.

Según FECI, el acuerdo especificaba que Unops no iniciaría acciones hasta recibir el primer desembolso, lo cual ocurrió hasta octubre de 2024, aunque el convenio había sido firmado en abril del mismo año.

No obstante, Unops habría cobrado retroactivamente desde mayo hasta octubre, aun sin haber prestado servicios.

De acuerdo con Véliz, cada mes se habrían facturado 275,656.83 dólares, lo que fue observado también por la Contraloría General de Cuentas.

Interceptaciones telefónicas y advertencias internas

La investigación también incluyó interceptaciones telefónicas que, según la FECI, confirmaron advertencias internas sobre la contaminación de medicamentos.

El Departamento de Regulación y Control habría advertido que algunos productos no cumplían con los estándares sanitarios, lo que generó la recomendación de suspenderlos.

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