Fiscal General denuncia amenazas y defiende labor del MP ante relatora de la ONU

En el marco de una reunión sostenida con Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de magistrados y abogados, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, denunció que tanto ella como varios integrantes del Ministerio Público (MP) han sido objeto de amenazas, actos de intimidación y campañas de desprestigio.

La funcionaria explicó que los ataques no se han limitado al plano profesional, sino que también han alcanzado a familiares de fiscales y trabajadores del MP. “Tanto mi persona como muchos fiscales hemos sido objeto de ataques desmedidos, amenazas y campañas de desprestigio que han alcanzado incluso a nuestras familias”, afirmó.

Según Porras, estos actos buscan frenar el trabajo del ente investigador y garantizar impunidad para ciertos actores no identificados. “Estas acciones tienen como fin intimidar, obstruir investigaciones y evitar que se ejerza la justicia con independencia”, sostuvo.

Solicitudes sin respuesta

La fiscal también recordó que, en 2023, durante la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entregó una solicitud formal de medidas precautorias para proteger a fiscales y funcionarios del MP. Sin embargo, señaló que hasta la fecha no han recibido respuesta oficial a dicha petición.

Defensa del actuar institucional

Porras defendió enfáticamente que el actuar del Ministerio Público no responde a intereses políticos ni externos. “El MP no actúa por presiones ni por agendas ajenas a su mandato constitucional. Nos guía únicamente la ley”, declaró.

También agradeció públicamente a los trabajadores del MP, a quienes calificó como pilares fundamentales en la defensa del Estado de derecho. “Ustedes son los verdaderos defensores del Estado de derecho. En Guatemala, la justicia no se negocia: se construye, se ejerce y se defiende”, expresó.

En su intervención, recalcó que todas las actuaciones del Ministerio Público están respaldadas por jueces competentes y basadas en evidencia, descartando cualquier arbitrariedad. “La labor del MP no es selectiva ni discrecional. Actuamos conforme a los hechos y a las pruebas, sin excepciones ni privilegios”, subrayó.

Justicia e imparcialidad

En referencia a la posibilidad de investigar a cualquier ciudadano, la fiscal general indicó que dicha facultad es un pilar del Estado de derecho. “Poder investigar a cualquier persona, sin importar su condición, no es una amenaza ni una forma de criminalización. Lo contrario sería admitir que existen ciudadanos por encima de la ley, lo cual es inaceptable”, señaló.