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Fiscal General denunciada por “ignorar” convocatoria del presidente Bernardo Arévalo
Los titulares de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría General de la Presidencia, Julio Saavedra y Juan Gerardo Guerrero respectivamente, presentaron una denuncia este jueves 29 de febrero en contra de la fiscal general, Consuelo Porras. La acción legal incluye la solicitud de retiro del antejuicio en contra de Porras debido a su ausencia en las convocatorias a reuniones convocadas por el presidente Bernardo Arévalo.
La denuncia fue interpuesta en la Torre de Tribunales, donde Saavedra y Guerrero expusieron su queja y la petición de retirar el derecho de antejuicio contra la titular del Ministerio Público (MP). La causa de la denuncia se encuentra en la decisión de Porras de retirarse de una reunión con el presidente y ministros de Estado, a pesar de estar facultada para participar según la ley.
Según Saavedra, en la segunda invitación realizada el 29 de enero por el presidente para discutir temas relacionados con el trabajo de la fiscalía, Porras asistió a la Casa Presidencial pero abandonó la reunión después de pocos minutos, alegando una prohibición legal.
El procurador explicó que la querella penal y la solicitud de retiro del antejuicio se generan como respuesta a la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria del mandatario para participar en la junta de gabinete. Saavedra enfatizó que la intención de la invitación era coordinar políticas de Estado y acciones para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos.
En conjunto, Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, y Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, presentaron la acción legal en la Torre de Tribunales, buscando el retiro del antejuicio de la Fiscal General, Consuelo Porras.
El secretario general de la Presidencia anunció medidas para reencauzar el Estado de Derecho, vital para el Ministerio Público. Destacó que esta acción es solo el inicio de una serie de medidas ejecutivas dirigidas contra corruptos y aquellos que socavan la legalidad y el Estado de Derecho.
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