Fiscalía solicita información sobre nombramiento de Arévalo

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó oficialmente al Congreso de la República de Guatemala el acuerdo de nombramiento del presidente constitucional, César Bernardo Arévalo de León.

La petición fue enviada mediante un oficio dirigido al presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, lo que ha generado nuevas interrogantes sobre la relación entre el Ejecutivo y el ente investigador.

El requerimiento, identificado bajo el expediente MP001-2025-21279, no precisa el motivo exacto por el cual se solicita dicha documentación ni establece un plazo para su entrega. La misiva fue firmada por la fiscal auxiliar Claudia Catalina Mendizábal Ramos y por la agente fiscal Mildred Azucena Mejía.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el Congreso han emitido declaraciones públicas ampliando la información sobre el objetivo de esta solicitud.

El Ejecutivo recurre a la Corte Suprema

Apenas un día antes, el 29 de abril, el presidente Arévalo, acompañado de su vicepresidenta Karin Herrera, miembros del gabinete y representantes de pueblos indígenas, presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la titular del Ministerio Público.

“Esta acción de amparo busca proteger a quienes han sido injustamente criminalizados por ejercer su derecho a manifestar y participar en la vida democrática del país”, declaró Arévalo desde Casa Presidencial. Añadió que la Fiscalía ha actuado de manera “selectiva” y con “motivaciones políticas”, especialmente en los casos relacionados con líderes comunitarios.

El presidente también expresó su rechazo a las recientes detenciones del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, y del ex tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán, ambos procesados por los delitos de terrorismo y obstrucción a la justicia, por su presunta participación en protestas sociales registradas durante 2023.

Llamado a reformar la Ley del MP

Durante su pronunciamiento, Arévalo reiteró el llamado al Congreso para que tramite una reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual permitiría facilitar la remoción de la fiscal general. “La cooptación de la justicia por estructuras de impunidad debe terminar. El Congreso ya tiene en sus manos propuestas formales que permitirían devolverle independencia a las instituciones”, afirmó.

El mandatario fue enfático en señalar que el Ejecutivo ha hecho su parte y que ahora es responsabilidad del Legislativo atender las demandas ciudadanas. “Estamos frente a un momento decisivo para la democracia guatemalteca. No se trata de un conflicto entre poderes, sino de restaurar el equilibrio institucional que el pueblo exige”, agregó.

Por su parte, Porras ha defendido su actuación argumentando que las investigaciones se realizan dentro del marco legal y que no existe ninguna motivación política en sus decisiones.