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Gastos en salarios generan debate en el Congreso
Durante los períodos de Allan Rodríguez y Shirley Rivera como presidentes del Congreso, se registró el mayor gasto en el pago de salarios, alcanzando un total de Q281.6 millones. Estos desembolsos estuvieron destinados al personal administrativo contratado bajo los renglones 022 y 029 en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2020 y la misma fecha de 2024.
La reciente revelación de la actual Junta Directiva del Legislativo ha puesto de manifiesto la significativa cantidad de contrataciones realizadas durante estos cuatro años, suscitando un debate sobre la necesidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
En su mayoría, estas contrataciones se realizaron bajo la figura de personal de confianza, sin ocupar puestos permanentes. Sin embargo, varios de estos empleados fueron renovados en múltiples ocasiones, algunos incluso ya cuentan con contratos autorizados para el presente año.
El análisis detallado de las contrataciones revela un aumento progresivo, especialmente en los puestos del renglón 022, donde los salarios incluyen todas las prestaciones de ley. La cifra más elevada de contrataciones y desembolsos se registró durante la primera gestión de Shirley Rivera en 2022.
Por otro lado, los empleados bajo el renglón 029, que no están obligados a asistir diariamente a su lugar de trabajo y no reciben prestaciones, también experimentaron un aumento en las contrataciones y gastos durante estas administraciones.
La primera secretaria del Congreso, Karina Paz, señaló que estos hallazgos plantean interrogantes sobre posibles plazas fantasmas y el otorgamiento de altos honorarios, sugiriendo que algunas contrataciones podrían haberse utilizado como pago de favores políticos. Paz destacó que varios de estos empleados se postularon como candidatos en elecciones pasadas.
Argumentos:
Ante estas revelaciones, Allan Rodríguez, actual jefe del bloque Vamos, argumentó que las contrataciones adicionales en 2020 y 2021 fueron necesarias debido a la pandemia de COVID-19, mientras que Shirley Rivera defendió la cantidad de contratos autorizados en su gestión, atribuyéndolos a las necesidades identificadas en diferentes unidades y la demanda de asesores. A pesar de las explicaciones, estas cifras han generado un intenso debate sobre la gestión de recursos en el Congreso.
*** Con información de Congreso de Guatemala.
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