Gobierno retomará la propuesta de prohibición de buses antiguos tras tragedia vial

Tras el reciente accidente de un bus extraurbano en la calzada La Paz, que dejó más de 50 fallecidos, el Gobierno de Guatemala ha anunciado la reactivación de una iniciativa para prohibir la circulación de buses con más de 25 años de antigüedad.

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, confirmó que se han girado instrucciones al Viceministerio de Transporte para acelerar la implementación de esta medida, calificando como “lamentable” que vehículos obsoletos sigan operando y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

“Estamos trabajando en esto. El Viceministro de Transporte, Fernando Suriano, ya tiene instrucciones para viabilizar la prohibición lo más pronto posible. Es inaceptable que buses con más de 25 años sigan circulando y representen un peligro para los guatemaltecos”, declaró Díaz Bobadilla durante una conferencia de prensa.

Esta iniciativa no es nueva. Desde 2012, se han aprobado varias prórrogas para que los transportistas renueven sus unidades, pero hasta ahora no se ha logrado una implementación efectiva. El Reglamento de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera permite que buses antiguos sigan operando si demuestran estar en buen estado, lo que ha dificultado la aplicación de la normativa.

Propuesta de reforma y certificación

El 29 de enero de este año, la Dirección General de Transporte presentó una propuesta para reformar la normativa que regula la antigüedad de los buses. La iniciativa incluye la creación de un “certificado de funcionalidad”, que garantice que las unidades cumplen con los estándares de seguridad necesarios. Este certificado sería emitido por empresas internacionales reconocidas, con el objetivo de evitar irregularidades y asegurar una verificación rigurosa.

En una reunión con representantes de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (CATRANSCA) y la Asociación de Transportistas Internacionales (ATI), las autoridades explicaron que la medida busca modernizar el parque vehicular y reducir los riesgos de accidentes.

Sin embargo, aún se desconoce cuántos buses con más de 25 años circulan en el país. Según Edgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), alrededor del 70% de las 50 mil camionetas que prestan servicio extraurbano deberían ser reemplazadas.

Desafíos y lo que se avecina

Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores, su implementación enfrenta desafíos importantes.

Los transportistas argumentan que renovar la flota implica costos elevados y solicitan apoyo financiero del Gobierno para facilitar la transición. Además, existe preocupación por la falta de mecanismos claros para fiscalizar el estado real de los vehículos y garantizar que los certificados de funcionalidad se otorguen de manera transparente.