Gobierno presenta Ley Antipandillas tras designación de EE. UU. al Barrio 18

El Gobierno de Guatemala presentó oficialmente una iniciativa de Ley Antipandillas, que será enviada al Congreso de la República esta semana.

La propuesta llega tras la designación del Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que ha reactivado el debate nacional sobre la lucha contra la criminalidad organizada y las pandillas.

El presidente Bernardo Arévalo anunció la medida durante la conferencia de prensa “La Ronda”, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, donde explicó que el objetivo de la ley es “dotar al país de herramientas legales efectivas para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad de las familias guatemaltecas”.

“Queremos construir un país más seguro. Para lograrlo debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala: el crimen organizado”, declaró Arévalo.

Reforma integral: endurecimiento de penas y cambios procesales

Entre las principales medidas incluidas en la propuesta del Ejecutivo destaca la creación de una cárcel de máxima seguridad diseñada exclusivamente para pandilleros.

Este centro contará con vigilancia permanente y grabación de todo contacto personal de los reclusos, además de la posibilidad de aislamiento por hasta 30 días prorrogables, bajo autorización del director del Sistema Penitenciario.

La iniciativa también plantea aumentar las penas por extorsión y usura de 8 a 15 años, y eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas para quienes sean procesados por extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito o exacciones intimidatorias.

Asimismo, contempla la expulsión inmediata de extranjeros que practiquen la usura en el país y la inhabilitación de cuentas bancarias y servicios financieros de los condenados por extorsión.

“Las penas tienen que ser cumplidas en su cabalidad”, enfatizó el mandatario.

Coordinación institucional

El anuncio del Ejecutivo ocurre tras semanas de discusión entre distintos actores del Gobierno, el Congreso y el Ministerio Público (MP).

La Fiscal General Consuelo Porras convocó recientemente a una reunión con los jefes de bloque del Legislativo para presentar sus propias recomendaciones sobre reformas al Código Procesal Penal y endurecer el combate a la extorsión.

El Congreso de la República también había solicitado, mediante un punto resolutivo aprobado el 24 de septiembre, la creación de un centro penitenciario especializado para pandilleros, un día después del anuncio de Estados Unidos sobre el Barrio 18.