Gobierno y representantes indígenas presentan amparo contra Fiscal General Consuelo Porras

En una conferencia de prensa celebrada en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo, junto a representantes de pueblos indígenas y ancestrales, informó sobre la presentación de una acción de amparo contra la fiscal general Consuelo Porras.

Según el mandatario, este recurso legal surge como respuesta a una serie de acciones “emprendidas” por el Ministerio Público (MP) que, según indicó, representan un patrón de hostigamiento y persecución contra actores clave en la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y los derechos colectivos.

“Nos encontramos ante un momento decisivo en la construcción democrática de Guatemala. Este amparo es una expresión del compromiso entre el Gobierno y los pueblos indígenas por rescatar la dignidad de las instituciones y proteger a quienes legítimamente ejercen sus derechos,” afirmó Arévalo.

Denuncian criminalización de líderes comunitarios

Entre los casos que motivaron la acción legal, se encuentran las recientes detenciones y procesos judiciales contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exmiembros de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes fueron capturados y vinculados a proceso por delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos habían encabezado manifestaciones pacíficas en 2023 en contra de la fiscal general Porras.

El presidente subrayó que tales acciones judiciales representan una amenaza directa a los derechos humanos y a la libre organización de los pueblos originarios. “Esta criminalización no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para desmovilizar a quienes luchan por una Guatemala más justa”, puntualizó.

Contenido del amparo presentado

La Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), en conjunto con organizaciones sociales, sectores académicos, religiosos e instancias internacionales, fue la encargada de presentar el amparo. Este solicita a la Corte que se garantice el respeto al debido proceso y la protección de los liderazgos indígenas frente a interpretaciones judiciales que, según sus promotores, tergiversan las formas legítimas de organización social y resistencia civil.

El recurso también pide que se declare como arbitrario el uso del delito de terrorismo en contra de manifestantes indígenas, y exige que la fiscal general se comprometa con el reconocimiento de los liderazgos comunitarios que actúan conforme a sus asambleas y principios ancestrales.

Caminos legales y presión institucional

Arévalo aseguró que todas las acciones del Ejecutivo se mantendrán dentro del marco legal. “No vamos a actuar fuera del orden constitucional. Lo que sí haremos es utilizar cada vía legítima para defender los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática,” explicó.

Asimismo, señaló que su gobierno activó mecanismos de verificación de justicia a nivel nacional e internacional para alertar sobre las supuestas violaciones de derechos humanos perpetradas desde el MP.

En ese contexto, insistió en la necesidad de reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual permitiría —según su visión— recuperar la integridad y autonomía de las instituciones judiciales frente a lo que calificó como “una estructura de impunidad enquistada en el poder”.

Apoyo indígena y ruta conjunta

Durante la conferencia, líderes indígenas ratificaron su apoyo al gobierno y reiteraron su compromiso con la defensa del Estado de derecho. Indicaron que se ha definido una hoja de ruta conjunta con el Ejecutivo para fortalecer el diálogo político y avanzar en una democracia incluyente, sin exclusión ni discriminación.

“El país vive un momento crucial. Es deber de todos los sectores defender la institucionalidad y garantizar que los pueblos indígenas sean respetados en sus derechos, cultura y formas de organización,” señalaron.

Sin acciones fuera del marco constitucional

Al concluir su intervención, Arévalo afirmó que su gobierno no tomará medidas que violen la ley ni romperá el orden institucional. Reiteró que toda acción estará respaldada por la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“No mostramos todas nuestras estrategias a quienes buscan desestabilizar. Pero les aseguramos que estamos actuando con responsabilidad y con base en la ley,” afirmó el presidente.

Secretario General del MP se pronuncia