Guatemala y Estados Unidos sellan nuevo acuerdo para capturar a criminales deportados con órdenes de captura

Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firmaron el miércoles 11 de junio un acuerdo de cooperación para la creación de la Fuerza de Tarea de la Alianza de Seguridad Policial contra Fugitivos (SAFE, por sus siglas en inglés). Este mecanismo se enfocará en la identificación, localización y captura de personas con antecedentes penales que hayan sido deportadas desde Estados Unidos y cuenten con órdenes de aprehensión activas en Guatemala.

El convenio fue oficializado entre la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) y las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en temas de seguridad, justicia penal y combate al crimen organizado transnacional.

Durante la ceremonia de firma, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, subrayó que esta alianza representa “un esfuerzo conjunto por garantizar que quienes han cometido delitos no encuentren refugio en ningún país y enfrenten las consecuencias legales que corresponden”. Agregó que el modelo SAFE ha sido exitoso en otros países de la región y que su implementación en Guatemala es “una herramienta clave para mejorar la seguridad pública en ambos territorios”.

Cooperación contra el crimen transnacional

El programa SAFE fue implementado por primera vez en El Salvador en 2012 y desde entonces ha sido adoptado por otros países de Centroamérica como parte de los esfuerzos regionales por frenar la expansión del crimen organizado. Según datos oficiales, desde su creación el programa ha permitido la captura de más de 5,600 fugitivos en la región, incluyendo al menos 1,565 ciudadanos guatemaltecos que fueron deportados desde EE.UU. con cargos pendientes.

La nueva Fuerza de Tarea en Guatemala busca replicar ese modelo, enfocándose en el intercambio de información policial, el seguimiento de alertas migratorias y la ejecución inmediata de órdenes de captura al momento del arribo de los deportados al país. De esta forma, las autoridades pretenden impedir que personas vinculadas al crimen transnacional evadan la justicia aprovechando vacíos legales o debilidades institucionales.

Apoyo institucional y coordinación operativa

El programa SAFE cuenta con el respaldo financiero y técnico de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU., y se inserta dentro de la estrategia de seguridad compartida entre ambas naciones. Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Garantizar que los deportados con antecedentes criminales enfrenten procesos judiciales en sus países de origen.
• Facilitar la ejecución rápida y coordinada de órdenes de captura.
• Impulsar la cooperación internacional en la lucha contra redes criminales.
• Reforzar la confianza entre agencias de seguridad de EE.UU. y Centroamérica.

Las autoridades guatemaltecas expresaron su respaldo a esta nueva fase de cooperación, destacando el compromiso del Estado con el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de la ciudadanía ante amenazas provenientes del crimen transnacional.

Una política de seguridad compartida

Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia por parte de Estados Unidos para proteger su seguridad nacional y evitar que individuos con historial delictivo utilicen el país como refugio temporal. A la vez, permite que los países del Triángulo Norte —como Guatemala— puedan cerrar el círculo judicial y mejorar la eficiencia del sistema penal.