Política en Guatemala
Guatemala y Honduras se convierten en “tercer refugio”: EE. UU. redefine el asilo en la región
Guatemala y Honduras entran en escena como nuevos destinos de asilo.
Tras un acuerdo con EE. UU., ambos países ahora recibirán a solicitantes de refugio devueltos bajo la figura de “tercer país seguro”. La decisión podría cambiar las reglas del juego migratorio en la región, pero también abre interrogantes: ¿están preparados para este reto?

Guatemala y Honduras han dado un paso clave en su papel dentro de la política migratoria de Estados Unidos. Ambos países firmaron nuevos acuerdos para convertirse en naciones de “tercer refugio”, lo que significa que ahora recibirán a solicitantes de asilo que pretendían llegar al territorio estadounidense, pero que serán reubicados en estos países centroamericanos como una alternativa segura.
El anuncio lo hizo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., durante su reciente visita a Centroamérica en junio de 2025, donde confirmó la firma de los convenios y explicó que forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump para controlar el flujo migratorio hacia su país. “El objetivo no es que todos los perseguidos lleguen a Estados Unidos, sino que encuentren un lugar seguro”, declaró Noem.
¿Qué implica ser un país de “tercer refugio”?
Este tipo de acuerdo permite a EE. UU. devolver a personas que han solicitado asilo en su frontera, no necesariamente a su país de origen, sino a otra nación considerada “segura”. En este caso, Guatemala y Honduras aceptarán a quienes sean enviados bajo ese mecanismo, comprometiéndose a brindar protección, evaluar sus solicitudes y, eventualmente, otorgarles estatus de refugiado.
Este modelo no es nuevo. Estados Unidos mantiene desde 2002 un pacto similar con Canadá, y durante el primer mandato de Trump firmó acuerdos con El Salvador, Honduras y Guatemala conocidos como de “tercer país seguro”. Sin embargo, estos pactos habían quedado en pausa tras cambios de administración, hasta ahora.
Presión diplomática y falta de condiciones
Según explicó la secretaria Noem, la firma de estos nuevos convenios fue resultado de meses de diálogo, pero también de presión política. Estados Unidos exigía compromisos claros y marcos legales sólidos para permitir las devoluciones sin violar el derecho internacional. La medida busca evitar que migrantes transiten varios países hasta llegar a la frontera sur estadounidense.


Sin embargo, la implementación práctica sigue siendo cuestionada. Tanto Guatemala como Honduras enfrentan una infraestructura limitada para recibir a poblaciones refugiadas: hay escasos albergues, poco presupuesto, una capacidad institucional reducida y altos niveles de inseguridad, pobreza y migración interna. Organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por el impacto que esto podría tener en los derechos y la seguridad de quienes sean trasladados.
El contexto centroamericano: ¿seguro para quién?
La situación regional también complica el panorama. En años recientes, miles de personas han huido precisamente de países como Guatemala y Honduras, escapando de la violencia, la extorsión y la falta de oportunidades. Convertirlos ahora en destino de asilo plantea serias dudas. En febrero pasado, EE. UU. intentó reactivar convenios similares con El Salvador y Guatemala, pero se encontró con resistencias y dificultades operativas. En el caso salvadoreño, incluso se llegó a proponer el encarcelamiento de algunos migrantes.
Mientras tanto, México ha optado por mantenerse al margen. Aunque ha recibido más de 5,000 migrantes devueltos desde 2017, ha rechazado firmar un acuerdo formal como “tercer país seguro”. Costa Rica y Panamá sí mantienen convenios con EE. UU., pero en cifras mucho más reducidas: menos de 300 retornos a Panamá y menos de 200 a Costa Rica hasta febrero.


Con estos nuevos acuerdos, Estados Unidos gana una herramienta más para contener el flujo migratorio hacia su frontera sur, trasladando parte de esa carga a países con sus propios desafíos. Guatemala y Honduras, por su parte, asumen una responsabilidad que muchos consideran desproporcionada frente a su capacidad real.
Las miradas ahora están puestas en cómo se ejecutará el mecanismo: ¿habrá apoyo financiero de Washington?, ¿se garantizarán los derechos humanos de las personas retornadas?, ¿qué papel jugarán las agencias internacionales? Las respuestas aún no están claras, pero lo que sí es seguro es que el mapa del asilo en la región ha cambiado, y Centroamérica vuelve a estar en el centro de la tormenta migratoria.