Política en Guatemala
Iniciativas de ley amenazan libertad de expresión y digital en Guatemala
El Congreso de la República analiza dos proyectos de ley que, según críticos, podrían afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad. Las propuestas, presentadas bajo el marco de la ciberseguridad y la protección contra la violencia digital, han despertado serias dudas sobre su alcance.
Dos proyectos legislativos en el Congreso han generado preocupación entre organizaciones sociales, académicos y defensores de derechos digitales. Se trata de la iniciativa 6347, “Ley de Ciberseguridad”, y la iniciativa 6280, “Ley contra la violencia sexual digital”, que han sido señaladas por su potencial impacto en la libertad de expresión y en la privacidad de la ciudadanía.
Riesgos de la iniciativa 6347
La llamada “Ley de Ciberseguridad” plantea dotar al Estado de herramientas contra delitos cibernéticos. Sin embargo, críticos advierten que su redacción ambigua podría permitir la persecución de expresiones en internet, incluyendo opiniones, investigaciones o publicaciones incómodas.
El Pleno del Congreso aprueba el Orden del Día para la 35ª #SesiónOrdinaria Adicional del período 2025-2026.
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 30, 2025
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Expertos han señalado que esta amplitud contradice el Artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa. En la práctica, la iniciativa abre la posibilidad de que se institucionalice un marco legal de censura bajo el argumento de seguridad digital.
Dudas sobre la iniciativa 6280
El proyecto “Ley contra la violencia sexual digital” busca tipificar conductas como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o el acoso en línea. Aunque el objetivo de proteger a las víctimas es ampliamente respaldado, la iniciativa también define la “violencia digital” de manera tan amplia que, según especialistas, podría usarse para sancionar críticas políticas, memes o publicaciones satíricas.
Para sectores de prensa y organizaciones de derechos humanos, esto podría convertirse en una herramienta de intimidación contra periodistas, activistas y ciudadanos.
Privacidad en entredicho
Ambas iniciativas contemplan la creación de centros de monitoreo digital con capacidad de interceptar comunicaciones. Críticos consideran que esta medida se acerca a la legalización de la vigilancia masiva del Estado. En un contexto de instituciones frágiles y con antecedentes de persecución política, la posibilidad de espionaje interno se percibe como un riesgo grave para opositores y voces disidentes, en tensión con el Artículo 24 de la Constitución, que protege la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Diputados impulsores
Los diputados Andrea Villagrán, Ligia Hernández, Samuel Pérez, José Pablo Mendoza, Cristian Álvarez y Gustavo Cruz figuran entre los impulsores de estas iniciativas. Mientras las propuestas avanzan en el proceso legislativo, distintos sectores continúan señalando que, de aprobarse, podrían marcar un retroceso significativo en materia de derechos y libertades en el entorno digital guatemalteco.
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