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Integrantes de la junta directiva 2022-2024 niegan corrupción en compra de edificio para ANAM
Integrantes de la junta directiva 2022-2024 de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) han respondido a las acusaciones de supuestas irregularidades en la compra de un edificio en la zona 13, desmintiendo las afirmaciones y asegurando la transparencia en sus acciones.
En un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones del presidente de la ANAM 2024-2026, Sebastián Siero, la junta directiva actual ha aclarado que la compra del edificio nunca se concretó, a pesar de haber sido pactada con el expresidente Alejandro Giammattei. El presidente Siero había comunicado que las 340 municipalidades aportaron Q5 millones 100 mil para la adquisición de un terreno de 40 manzanas que finalmente no se materializó.
En la misiva, la junta directiva destaca que durante su gestión se obtuvieron indicadores exitosos y se llevaron a cabo acciones estratégicas con total compromiso de transparencia y cumplimiento del Estado de Derecho vigente en el país. Además, hacen referencia al informe de Auditoría 2022, que respalda la legalidad de los procedimientos desarrollados, ya que no se encontraron hallazgos durante ese período.
La directiva también señala que se encuentra en proceso la auditoría correspondiente al año 2023 y expresan su convicción de que se ratificará su compromiso de actuar dentro de los límites establecidos por la legalidad.
En relación con la compra del edificio, la junta directiva informa que propusieron, a finales del 2022, una cuota única y extraordinaria de Q15 mil por municipalidad para ser utilizada en la adquisición de un bien inmueble que beneficiaría el funcionamiento de la asociación. Esta propuesta fue aprobada por las municipalidades, y los fondos necesarios se encuentran resguardados en una cuenta específica en el Banco de Desarrollo Rural BANRURAL.
El comunicado destaca que los Q5.1 millones más los intereses acumulados están intactos en las cuentas de la ANAM, generando intereses diarios. También menciona que se siguió el proceso habitual de compra de un bien inmueble con fondos públicos, obteniendo un avalúo de la DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas, que estableció el valor del inmueble en Q4.8 millones. La ANAM pactó la compra por Q4.1 millones, un valor inferior al recomendado por el avalúo.
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