Política
Internet como derecho: nueva propuesta en el Congreso
Proponen reconocer el acceso a internet como un servicio básico en Guatemala.

El Congreso de la República analiza una nueva iniciativa de ley que busca garantizar el acceso universal a internet y fortalecer la ciberseguridad en el país. La propuesta, presentada por el diputado Nery Rodas, del bloque Cabal, plantea que el internet sea considerado un servicio básico y se promueva su expansión en comunidades rurales y sectores vulnerables.
El proyecto, denominado Ley Marco para la Transformación Digital, establece lineamientos para fortalecer la conectividad, modernizar la administración pública y reducir la brecha digital en Guatemala.
Conectividad para el desarrollo
De ser aprobada, la normativa obligaría al Estado a implementar estrategias que garanticen una conexión estable en todo el territorio nacional. También se prevé la entrega de dispositivos tecnológicos mediante programas de subsidio en áreas con menor acceso a la tecnología.
“Queremos que la tecnología sea una herramienta de inclusión y desarrollo, cerrando las brechas sociales y generando nuevas oportunidades para la población”, afirmó Rodas al presentar la iniciativa.
Ciberseguridad y gobierno digital
Además del acceso a internet, la propuesta resalta la importancia de la ciberseguridad como un aspecto clave de la seguridad nacional y el bienestar público. Se plantea la creación de la Superintendencia de Transformación Digital, una entidad autónoma que regularía la implementación de la conectividad como servicio esencial y velaría por la protección de datos personales.


Otros puntos destacados en la iniciativa incluyen:
- Implementación de un gobierno digital para agilizar trámites en entidades estatales.
- Fortalecimiento de la educación digital para preparar a la población en el uso de nuevas tecnologías.
- Protección de la privacidad y los datos personales en plataformas digitales.
Financiamiento y viabilidad
Para la ejecución de esta ley, se propone un presupuesto inicial de Q50 millones, que sería administrado por el Ministerio de Finanzas y destinado a la nueva superintendencia.
El proyecto deberá ser discutido en comisiones antes de su eventual aprobación en el pleno del Congreso.