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Política

Internet como derecho: nueva propuesta en el Congreso

Proponen reconocer el acceso a internet como un servicio básico en Guatemala.

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Internet como derecho nueva propuesta en el Congreso
Foto: Nery Ramos / X

El Congreso de la República analiza una nueva iniciativa de ley que busca garantizar el acceso universal a internet y fortalecer la ciberseguridad en el país. La propuesta, presentada por el diputado Nery Rodas, del bloque Cabal, plantea que el internet sea considerado un servicio básico y se promueva su expansión en comunidades rurales y sectores vulnerables.

El proyecto, denominado Ley Marco para la Transformación Digital, establece lineamientos para fortalecer la conectividad, modernizar la administración pública y reducir la brecha digital en Guatemala.

Conectividad para el desarrollo

De ser aprobada, la normativa obligaría al Estado a implementar estrategias que garanticen una conexión estable en todo el territorio nacional. También se prevé la entrega de dispositivos tecnológicos mediante programas de subsidio en áreas con menor acceso a la tecnología.

“Queremos que la tecnología sea una herramienta de inclusión y desarrollo, cerrando las brechas sociales y generando nuevas oportunidades para la población”, afirmó Rodas al presentar la iniciativa.

Ciberseguridad y gobierno digital

Además del acceso a internet, la propuesta resalta la importancia de la ciberseguridad como un aspecto clave de la seguridad nacional y el bienestar público. Se plantea la creación de la Superintendencia de Transformación Digital, una entidad autónoma que regularía la implementación de la conectividad como servicio esencial y velaría por la protección de datos personales.

Otros puntos destacados en la iniciativa incluyen:

  • Implementación de un gobierno digital para agilizar trámites en entidades estatales.
  • Fortalecimiento de la educación digital para preparar a la población en el uso de nuevas tecnologías.
  • Protección de la privacidad y los datos personales en plataformas digitales.

Financiamiento y viabilidad

Para la ejecución de esta ley, se propone un presupuesto inicial de Q50 millones, que sería administrado por el Ministerio de Finanzas y destinado a la nueva superintendencia.

El proyecto deberá ser discutido en comisiones antes de su eventual aprobación en el pleno del Congreso.