Contraloría detecta más de Q30 millones en irregularidades en municipalidades guatemaltecas

Un reciente informe presentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló múltiples irregularidades financieras en distintas municipalidades del país, con un monto total observado que supera los Q30 millones.

Las anomalías detectadas incluyen malversación de fondos, adjudicaciones irregulares, faltantes de caja, uso indebido de préstamos y proyectos abandonados, según consta en el Informe de Auditoría y Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024, entregado al Congreso de la República la semana pasada.

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El informe ha derivado en múltiples denuncias penales contra alcaldes, exalcaldes, concejales y funcionarios financieros, algunos por hechos que se remontan hasta el año 2005. La CGC ha señalado que estas acciones fueron posibles gracias al uso de herramientas tecnológicas como la bitácora electrónica, que permite verificar el avance físico de las obras en tiempo real.

Municipalidades de Guatemala bajo la lupa

Entre los hallazgos más graves figura el de la Municipalidad de Antigua Guatemala, que tras recibir Q17.9 millones por una licencia de construcción, devolvió Q8 millones a una empresa privada, la cual a su vez entregó al gobierno local vehículos y motocicletas. Este caso motivó una denuncia contra el actual alcalde Juan Manuel Asturias y su concejo municipal por la posible emisión de resoluciones contrarias a la ley.

En San Raymundo, departamento de Guatemala, se detectó el uso de fondos de inversión para gastos corrientes y pago de planillas en 2019. La denuncia, por Q5.1 millones, involucra al exalcalde Fernando Antonio Ortiz y al entonces director financiero.

En San Miguel Panán, Suchitepéquez, la auditoría reveló 261 cheques emitidos a una sola persona, configurando un presunto faltante de caja que asciende a Q4 millones. El señalamiento abarca el periodo 2019-2023 e involucra a la corporación municipal completa de ese tiempo.

Otro caso se encuentra en La Blanca, San Marcos, donde una planta de tratamiento de aguas construida en 2016 permanece en estado de abandono desde 2019. Se denunció al exalcalde Aroldo Alfredo Cordero Monroy por no accionar las fianzas de conservación ni justificar el abandono del proyecto, valorado en Q3.4 millones.

En San Gabriel, Suchitepéquez, se simularon compras mediante 338 transacciones con terceros por un total de Q3.1 millones, mientras que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) carecía de registros del proyecto. La denuncia apunta al exalcalde Remigio Noj y a otros tres funcionarios responsables de la contabilidad municipal.

Asimismo, en Pueblo Nuevo, también en Suchitepéquez, se utilizaron dos préstamos adquiridos entre 2008 y 2009, por un total de Q950 mil, para fines distintos a los estipulados, específicamente para gastos operativos, lo que derivó en una denuncia contra el exalcalde Fernando González Kunze y su equipo financiero.

En Ocós, San Marcos, un proyecto vial fue adjudicado sin licitación formal, cuando los trabajos ya se encontraban en ejecución. Esta irregularidad, valorada en Q1.9 millones, generó denuncias contra el exalcalde Álvaro Guillermo López Rabanales, el concejo municipal y la junta de licitación correspondiente.

Otras municipalidades denunciadas

La CGC también identificó responsabilidades en los municipios de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (Q1.5 millones por uso indebido de recursos y falta de traslado de rentas); y en Santa Ana Huista, Huehuetenango, donde desde 2005 se han registrado pagos sin justificación por la construcción de una cancha de fútbol que nunca se concluyó, con un señalamiento total de Q1 millón.

Fortalecimiento del control institucional

El contralor general Frank Bode Fuentes destacó que estos resultados son producto del reforzamiento de los mecanismos de fiscalización, incluyendo el monitoreo digital y la modernización de los procesos de auditoría, lo que ha permitido identificar irregularidades de manera más oportuna y documentada.