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Política

Oficializan Ley de Infraestructura Vial en Guatemala

La nueva legislación regula la contratación y gestión de proyectos viales prioritarios, incluyendo la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras.

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Oficializan Ley de Infraestructura Vial en Guatemala
Foto: CIV / Con fines ilustrativos

El Congreso de Guatemala y el presidente Bernardo Arévalo oficializaron la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), publicada el 3 de diciembre en el Diario Oficial. La normativa busca modernizar la infraestructura vial para impulsar el desarrollo social y económico del país.

Objetivos de la ley

La nueva legislación regula la contratación y gestión de proyectos viales prioritarios, incluyendo la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. En particular, busca atender las rutas entre Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, así como las conexiones con México y El Salvador.

El documento señala que la infraestructura vial actual no satisface las demandas crecientes de movilidad y transporte, afectando negativamente la economía, la seguridad y la comodidad de la población. Por ello, se plantea un enfoque integral que abarca diagnóstico, diseño, ejecución y supervisión de proyectos estratégicos.

Creación de la dirección y fondo vial

El decreto establece la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como un órgano autónomo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este contará con recursos propios y personal técnico especializado para garantizar una gestión eficiente.

Asimismo, se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), encargado de administrar los recursos necesarios para ejecutar y supervisar estos proyectos.

Proyección y entrada en vigencia

La ley incluye la elaboración del Plan de Infraestructura Vial Prioritaria (Pivip), con una proyección de 30 años y revisiones quinquenales. Este plan orientará el desarrollo vial estratégico del país, con el objetivo de facilitar el comercio y promover empleos de calidad.

El decreto entrará en vigencia 30 días después de su publicación, aunque algunos artículos específicos lo harán en 2026 y 2027.