Ordenan al STEG reanudar clases y denuncian daños al Palacio Nacional

En un giro clave dentro de la prolongada protesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social resolvió con lugar el amparo interpuesto por la Procuraduría General de la Nación (PGN), y ordenó restablecer las clases públicas en un plazo máximo de 48 horas.

La sentencia —emitida el 24 de junio y confirmada en un comunicado oficial por el Ministerio de Educación— declara que la figura de “asamblea permanente” no tiene respaldo legal, y al mantenerla, el STEG ha vulnerado el derecho constitucional a la educación de niñas, niños y adolescentes inscritos en el sistema público.

“Cada comunidad educativa debe estar atenta ante cualquier intento de prolongar la suspensión y denunciarlo de inmediato”, señaló el Ministerio.

La resolución fue dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del STEG y a sus dirigentes departamentales, quienes deben dejar sin efecto la convocatoria sindical y notificar formalmente a todas las direcciones de centros educativos. El plazo de 48 horas comenzó a correr desde la notificación judicial.

¿Qué pasa si no cumplen?

El tribunal fue claro: si no se cumple con la orden, se dará aviso al Ministerio Público por el posible delito de desobediencia. Además, se impuso una multa de hasta Q4,000.00 a cada integrante de la dirigencia sindical, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales.

Aunque el fallo establece la obligación de retomar el ciclo escolar, también reconoce el derecho del sindicato a realizar asambleas ordinarias y extraordinarias, siempre que no interrumpan el servicio público ni bloqueen el acceso a la educación, como establece el artículo 17 del Pacto Colectivo vigente.

Denuncia por daños al patrimonio nacional

Mientras las clases siguen suspendidas en muchos centros educativos, el conflicto sumó una nueva arista. El Ministerio de Cultura y Deportes presentó una denuncia penal por los daños ocasionados a la infraestructura del Palacio Nacional de la Cultura, donde desde el 26 de mayo se instalaron carpas y cocinas improvisadas como parte de la protesta del STEG.

“Ya el 11 de junio hubo una primera denuncia presentada, que fue ampliada el 25 de junio. Las denuncias seguirán conforme se detecten más daños”, confirmó el presidente Bernardo Arévalo durante su espacio informativo “La Ronda”.

El Palacio Nacional, uno de los bienes más protegidos del país, está declarado Patrimonio Cultural de la Nación y clasificado como bien de clase A. Su cuidado es prioridad para el Estado, por lo que cualquier afectación será objeto de investigación penal y administrativa.

Las autoridades informaron que una revisión más exhaustiva se realizará cuando los manifestantes retiren por completo sus estructuras, con el objetivo de identificar otros posibles daños en fachadas, pisos o accesos históricos del inmueble.

Contexto del conflicto

El STEG instaló su protesta el pasado 26 de mayo frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la capital. Los docentes exigían mejoras salariales, cumplimiento del pacto colectivo y otras demandas laborales. Para sostener la medida, montaron un campamento con delegaciones de todo el país, lo que derivó en la interrupción de actividades escolares durante varias semanas.

Sin embargo, tras la resolución judicial, la protesta entró en una nueva etapa legal, y el Gobierno central ha instado a todas las Direcciones Departamentales de Educación a coordinar acciones para garantizar el retorno a las aulas tras el receso de medio año.

¿Qué sigue?

• El STEG deberá acatar la sentencia judicial y restablecer el ciclo escolar completo.
• El Ministerio de Educación monitorea el regreso a clases y habilitó los canales 1503 y www.mineduc.gob.gt para denuncias ciudadanas.
• Las denuncias por daños al patrimonio continúan su curso legal y podrían ampliarse si se comprueban más afectaciones.
• La comunidad educativa ha sido llamada a estar atenta y denunciar cualquier intento de prolongar la suspensión.