Pese a la insistencia del presidente Bernardo Arévalo, de ampliar en Q14,151 millones de quetzales el gasto público para lo que resta del 2024, sus propios funcionarios de Estado manifiestan que es casi imposible lograrlo.
“(…) Estamos a 3 de septiembre, y todos como guatemaltecos hacemos el caculo del tiempo y lo que nos deja el marco legal es el tiempo necesario solo para hacer cotizaciones, sin poder adjudicar“, indicó Paola Constantino, viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Al respecto el viceministro de Educación, José Carías, manifestó que, en el caso de esta cartera, utilizará los más de Q1,025 millones asignados en rubros que no requieren licitación y que se ejecutan por transferencias, entre ellos: el Programa de Alimentación Escolar, nómina de empleados y remozamientos de escuelas.
La experiencia de los funcionarios, da cuenta que un proceso de cotización demora de 3 a 4 meses, cuando las compras son menores a Q900 mil, mientras que, los eventos que superan este monto, deben realizar un proceso de licitación que demora entre 8 y 9 meses.
¿Qué pasará con los fondos asignados? ¿Tiene capacidad el Ejecutivo de ejecutar Q14,151 millones en menos de 4 meses? ¿Por qué la urgencia de aprobar esta ampliación, si las rutas transparentes para ejecutar tienen largos plazos?
Estas son algunas de las preguntas que se hacen los guatemaltecos y que aún no tienen respuesta. Sin embargo, al parecer las rutas de ejecución menos transparentes y señaladas de corrupción en el pasado, serán las utilizadas por el actual gobierno.
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