Política
Sala Tercera anula resolución del juez García y ordena investigación por caso TREP
La Sala Tercera anuló la resolución del juez Érick García que permitía a magistrados del TSE reasumir funciones y ordenó investigarlo por presuntas irregularidades en el caso TREP.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló la resolución emitida por el juez Érick García, que permitía a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reasumir sus funciones tras ser vinculados al caso TREP. Además, ordenó investigar al juez por presuntas irregularidades en sus actuaciones judiciales.
La decisión, tomada el 14 de enero de 2025, revoca el fallo previo que había levantado las medidas de coerción impuestas a los magistrados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Maynor Custodio. Estas medidas, dictadas en 2024, incluían prohibiciones para ejercer funciones, arresto domiciliario y cauciones económicas debido a su presunta implicación en la adquisición irregular del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por Q148 millones.
Resolución y reacciones
El presidente de la Sala Tercera, magistrado Alejandro Prado, explicó que el juez García habría “excedido sus funciones legales”, al tiempo que enfatizó la necesidad de investigar posibles resoluciones arbitrarias. La Fiscalía de Delitos Administrativos, que había recusado anteriormente a García y al juez Mario Hichos, señaló posibles intereses indebidos en el manejo del caso.
Por su parte, Jorge Pinto, abogado defensor de los magistrados del TSE, anunció que presentará un recurso de amparo para dejar en suspenso la resolución de la Sala. Pinto acusó al Ministerio Público (MP) de intentar influir en el proceso mediante la designación de un juez “ad hoc”.
Para comprender el caso TREP
El caso TREP investiga supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Datasys, encargada de procesar los resultados preliminares de las elecciones generales de 2023. Según las pesquisas, los magistrados involucrados habrían aprobado la adquisición pese a señalamientos de ilegalidad en el procedimiento.