Segeplan busca amparo ante posibles allanamientos del MP

El jueves 17 de julio, Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), interpuso una acción de amparo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según el funcionario, la medida pretende frenar posibles allanamientos del Ministerio Público (MP), los cuales califica como una “amenaza real, cierta e inminente”.

La acción constitucional fue presentada ante la Sección de Amparos y Antejuicios del máximo tribunal del país y se encuentra a la espera de ser elevada a la cámara correspondiente para su análisis y eventual resolución por parte de los magistrados.

Mendoza responde a declaraciones de la FECI

Mendoza argumentó que la decisión fue tomada tras las recientes declaraciones del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien insinuó que la Segeplan podría ser objeto de diligencias judiciales, como allanamientos, por una supuesta obstaculización de la acción penal en el caso denominado Red Q.

Según Curruchiche, la Segeplan no ha presentado documentación clave relacionada con la denuncia interpuesta contra Melvin Quijivix, expresidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), por la contratación irregular de personal, incluyendo una plaza fantasma. A su criterio, la falta de entrega de estos documentos podría interpretarse como un intento de entorpecer las investigaciones.

Ante estos señalamientos, Mendoza afirmó que la denuncia presentada por Segeplan fue clara y está respaldada por una resolución judicial emitida el pasado 20 de febrero. En esta, se instruyó al Ministerio Público a realizar las pesquisas correspondientes contra los exfuncionarios implicados, entre ellos Quijivix y la exsecretaria Keila Gramajo, quienes ya no cuentan con inmunidad.

“Queremos que el Ministerio Público investigue, pero sin esparcir desinformación ni desviar la atención sobre la naturaleza real de los hechos denunciados”, declaró el secretario.

Denunciante convertido en señalado

Mendoza denunció que, pese a que la Segeplan fue quien presentó la denuncia en el caso Red Q, no ha recibido ningún requerimiento adicional por parte del MP, ni ha observado avances sustantivos en la investigación. En cambio, dijo, las declaraciones del jefe de la FECI buscan desacreditar la labor de la institución y generar un clima de presión indebida.

“A pesar de esta inacción, el fiscal Curruchiche ha sugerido que Segeplan podría estar cometiendo delito de obstaculización a la acción penal, insinuando, incluso, represalias como allanamientos sin justificación legal”, enfatizó Mendoza.

En ese contexto, el secretario señaló que la acción de amparo preventivo busca proteger el rol institucional de Segeplan como órgano técnico de planificación del Estado y garantizar que cualquier actuación del MP se apegue al marco jurídico establecido.