Solo 16% acata paro del STEG: Mineduc analiza posibles sanciones

El llamado a paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) el pasado 19 de mayo tuvo una escasa respuesta a nivel nacional, según datos oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), que informó que únicamente el 16% de los centros educativos suspendieron actividades.

Anuncio del STEG

Pese al anuncio del STEG y a la declaratoria de asambleas permanentes en todo el país, el monitoreo realizado por el Mineduc reflejó que el 84% de los más de 35 mil centros escolares continuaron operando con normalidad. La ministra de Educación, Anabella Giracca, calificó esta respuesta como una muestra del compromiso del magisterio con la legalidad y el derecho a la educación.

Ministra de Educación se pronuncia

Giracca afirmó que “la gran mayoría de la comunidad educativa eligió la verdad y el compromiso”, agradeciendo a los docentes, estudiantes y familias por su participación activa en mantener abiertas las escuelas y asegurar la continuidad del ciclo lectivo. La funcionaria enfatizó que “no dar clases es ilegal”, recordando que el artículo 22 del Pacto Colectivo vigente exige un mínimo de 180 días de clase y el cumplimiento del calendario escolar.

El STEG anunció el paro como medida de presión tras desacuerdos con el Gobierno respecto al contenido del nuevo Pacto Colectivo y en rechazo al aumento salarial del 5% propuesto por el Ejecutivo, que entrará en vigor a partir de junio. Sin embargo, la escasa respuesta ha generado cuestionamientos sobre el respaldo real de la base docente a la dirigencia sindical.

Según el Mineduc, los departamentos con mayor nivel de suspensión parcial de actividades fueron Huehuetenango, Zacapa, San Marcos, Izabal, Petén, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa, Escuintla, Totonicapán, Sololá, Quiché, Chiquimula y algunas zonas del departamento de Guatemala. No obstante, incluso en estas regiones, el cierre no fue generalizado.

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La cartera educativa también advirtió que se está evaluando la aplicación de sanciones administrativas conforme a la normativa vigente para aquellos establecimientos que incumplieron con las disposiciones legales sin justificación válida.

Giracca resaltó los avances alcanzados en el sector educativo, como el cuarto desembolso del Programa de Alimentación Escolar, la entrega de recursos didácticos, la rehabilitación de infraestructura escolar y el ajuste salarial a favor del personal docente. Reiteró que el Gobierno de Bernardo Arévalo mantiene su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo público.

Además, recordó que el amparo vigente otorgado por el Juzgado Décimo Segundo del Ramo Civil prohíbe acciones que interfieran con el derecho a la educación, subrayando que cualquier suspensión de clases fuera del marco legal puede ser considerada una violación a dicho derecho.