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Un nombramiento inadecuado, un grave error político

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Un nombramiento inadecuado, un grave error político

El nombramiento de Diego Eduardo de León Barrios, como Gobernador del departamento de Guatemala, es considerado como una falla y error en los varios señalamientos que en su contra se han conocido.

Sus críticos forman parte de varios sectores, en especial en las redes sociales, algunos de los que incluso apoyaron a Semilla le ven y ubican como un personaje gris, debido a su inexperiencia y falta de idoneidad para el cargo conferido el pasado día 21, por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Se cuestiona que, De León Barrios, de 34 años de edad, fue designado a través de un procedimiento viciado y/o politizado, gracias a una clara asociación y militancia con grupos de lo que se ha dado en llamar sociedad civil y afines al actual Gobierno. Aunque públicamente y a través de sus distintos perfiles sociales públicos este lo niega, el año pasado fungió como asesor de la diputada independiente, Ligia Hernández -hoy directora del Instituto de la Víctima-.

Además, sobre su falta de idoneidad, cuestionan que su posición ideológica no concuerda ni con sus acciones, como tampoco con las áreas en que publica se ha desenvuelto, lo cual le aleja de la responsabilidad conferida a través de su nombramiento, ya que tal y como si fuera un político de la vieja guardia, ha sabido saltar de columpio en columpio partidista en los últimos 10 años, hasta llegar al puesto que hoy ostenta.

Diego Eduardo de León Barrios, es cuestionado en las redes sociales por haber sido beneficiado y cobijado por la sombra de lo que en el pasado reciente señaló públicamente, cuando se presentaba como un acérrimo crítico y opositor de Semilla y del proceso electoral que, con base a investigaciones del Ministerio Público (MP) y Fiscalía General de la República (FGR) destacó por “severas irregularidades, anomalías y posibles ilegalidades”.

Esta realidad jurídica y procesal es el motor con que la actual administración, desde el padrino de De León Barrios, hasta su selecto círculo de amigos de Semilla, sostienen una batalla en el ámbito judicial contra el MP y FGR, en busca de anular e impedir ser procesados por la consecución de varios delitos penales en que supuestamente habrían incurrido.

Tal ambigüedad de argumentos y posiciones de criterios encontrados, le han valido a De León Barrios el ser cuestionado, debida cuenta que previo al mismo, fungió en 2023 como asesor de la diputada Hernández, mientras en las redes sociales públicamente expresaba: ¡FRAUDE CON ACTAS MANIPULADAS Y ALTERADAS!, ¡SI AL RECUENTO DE VOTOS!, ¡NO A LOS BLOQUEOS!

Contradictoriamente a sus señalamientos, De León Barrios participó en dicho evento electoral, como fiscal de Semilla y luego, en segunda vuelta, como fiscal de un centro de votación.

Fue bendecido -como el mismo se justifica en sus perfiles- al formar parte de administraciones pasadas. En la de Jimmy Morales, participó en la creación, hasta llegar a ser jefe, de la Unidad de Emprendimiento en el Ministerio de Economía; en la de Giammattei -gracias a su cercana relación con el ex ministro de Economía, Antonio Malouf- que lo impulsó a aseverar a los cuatro vientos “que era la mejor opción” para que ya, en el proceso electoral 2023, lo descalificara a través de sus redes sociales “X”.

Más que un pelo, una clica en la sopa

El pasado sábado 23 del corriente mes, De León Barrios participó y a dos días de haber tomado posesión del cargo, en una protesta en la entrada a la Colonia Bethania, zona 7 capitalina. Esta con el transcurrir de las horas se convirtió en un bloqueo más, violentando derechos constitucionales del resto de la ciudadanía.

Sus organizadores identificaron la protesta como “festival contra la discriminación”; esto en respuesta a un discurso del diputado al Congreso de la República, Allan Rodríguez y que a su decir, estuvo cargado de “un injustificado” odio contra las pandillas.

Jurisconsultos litigantes consultados, que pidieron la reserva de sus nombres, señalan que De León Barrios con su participación y presencia en dicha protesta, violó normativa inherente a su cargo al contravenir el marco de sus atribuciones y habría incurrido en un probable abuso de autoridad y tráfico de influencias como mínimo.

Sostienen que este es un escenario meritorio para dar inicio, de oficio, a una investigación de parte del MP y se interponga denuncia formal ante el Organismo Judicial (OJ) para que, en primera instancia, bajo el debido procedimiento y estado de Derecho, se le retire el derecho de antejuicio al infractor.

Algunos de los artículos violentados por De León Barrios, el 418, 433 y 449 Bis., del Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73 del Congreso de la República), 197, 224 y 227 de La Constitución Política de La República de Guatemala.

Los gobernadores representan en su departamento y por delegación expresa, al presidente de la República de Guatemala. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella, que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno (o grupo que violenta la ley).

Su historial

Diego Eduardo de León Barrios, en sus perfiles profesionales y de redes sociales, se identifica como un “agente de cambio pro desarrollo, innovación, formación, evaluación, comunicación y financiamiento para el emprendimiento, redes de emprendimiento y monitoreo”, lo cual ha realizado, informa, a través de su paso por la estructura gubernamental en el Ministerio de Economía, filiación a organizaciones internacionales como Club Rotario o con apoyo municipal, como el de la Municipalidad Capitalina.

Entre 2009-2023, cursó estudios de Economía en la Universidad Francisco Marroquín -en sus redes se declara asimismo anti USAC y anti terrorismo-. Fue fundador de proyectos como Innovate Summit (Cámara de Comercio y Servicios de Guatemala), funcionario público (administración de Morales y Giammattei) y asesor en el Organismo Legislativo; consultor en el campo de la Mercadotecnia, desarrollo económico, participación ciudadana en procesos de transformación digital, innovación, incubación y aceleración.