Un presupuesto de puertas abiertas para la corrupción

La aprobación del presupuesto 2025 confirma, sin espacio para dudas, que el Congreso ha decidido institucionalizar la opacidad como política pública. El país presencia cómo se consolida un proyecto financiero carente de controles, que contradice los principios de la Ley de Compras y Contrataciones y que otorga un margen ilegal de discrecionalidad capaz de desbordar cualquier mecanismo anticorrupción. Nunca antes se había premiado con tanta generosidad a un gobierno cuya ejecución es, por mucho, la más débil en años recientes y que acumula la mayor cantidad de señalamientos por malos manejos emitidos por la Contraloría.

Resulta escandaloso que, frente a una administración que no logra ejecutar con eficiencia ni garantizar transparencia en el gasto, la mayoría legislativa decida entregar un presupuesto desprovisto de candados y filtros básicos. La lógica es inversa a cualquier estándar de gobernanza: mientras más deficiencias y más denuncias se acumulan, mayores facilidades reciben quienes deberían ser auditados con mayor rigor. El mensaje es claro y desolador: no importa que la ejecución sea incapaz, los fondos se liberan igual, aunque se pierdan millardos en prácticas clientelares, obras duplicadas o proyectos sin sustento técnico.

El incremento abusivo en gasto político, la ampliación de bolsas discrecionales y la asignación de recursos sin exigencia de planificación real revelan una operación coordinada para blindar privilegios. No se trata únicamente de errores técnicos, sino de un diseño presupuestario que favorece intereses particulares y que viola la responsabilidad institucional más básica: garantizar que cada quetzal público se use con criterios de eficiencia, legalidad y beneficio social. En su lugar, se impone una dinámica donde la discrecionalidad suplanta la planificación y la opacidad sustituye al control.

Particularmente grave resulta el aumento a estructuras cuyo historial de ejecución deficiente es público y verificable. Pese a que múltiples instituciones no han logrado ejecutar ni la mitad de los recursos ya asignados, se les incrementa el presupuesto como si la falta de resultados fuera irrelevante. Este desorden financiero no solo carece de fundamento técnico, sino que delata la naturaleza política de las decisiones: el uso del erario como moneda de intercambio, como mecanismo de control territorial y como fuente inagotable de cooptación.

La ausencia deliberada de candados revela la intención real detrás de estas ampliaciones: abrir la puerta a contratos dirigidos, a compras sin competencia, a proyectos sobrevalorados y a una “flexibilidad” administrativa que solo beneficia a quienes operan desde las sombras. Todo ello contraviene el espíritu de la Ley de Compras y Contrataciones, cuyo propósito es precisamente evitar adjudicaciones discrecionales y compras opacas. Lo aprobado por el Congreso, en cambio, normaliza un sistema en el cual la fiscalización se vuelve imposible y la corrupción se vuelve inevitable.

Guatemala necesitaba un presupuesto responsable, ajustado a la capacidad real de ejecución y alineado con estándares mínimos de transparencia. En su lugar, obtuvo un documento diseñado para burlar controles, diluir responsabilidades y facilitar el uso político de los recursos públicos. Más que una herramienta para el desarrollo, este presupuesto es un vehículo para profundizar vicios históricos, consolidar estructuras paralelas y comprometer aún más las finanzas del país. Con un Congreso que legisla a favor de la opacidad, el futuro financiero de Guatemala queda expuesto a un riesgo institucional que no se puede normalizar ni aceptar.

@centranews 🤔📌 #Presupuesto2026GT | El Congreso volvió a aprobar el presupuesto en la madrugada y de urgencia nacional. Una decisión rápida, sin mucho debate y con cambios de último minuto. ¿Qué opinas? #Guatemala #PolíticaGT #presupuesto2026 #guatemala🇬🇹viral ♬ De Guatemala para el Mundo – Adan JFW