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Ajustan medidas sustitutivas a magistrados del TSE por caso TREP

La Sala Primera de Apelaciones modifica las condiciones para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculados a presuntas irregularidades en la adquisición del sistema TREP.
La Sala Primera de Apelaciones ha revisado y ajustado las medidas sustitutivas para los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en relación con el caso que investiga presuntas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes se encuentran bajo investigación del Ministerio Público (MP), han visto modificadas sus condiciones.
La principal modificación consiste en el aumento significativo de la caución económica, que pasa de Q100 mil a Q700 mil. Además, se ha agregado la prohibición de acercarse a cualquier sede del TSE como medida adicional.
Gabriel Aguilera, uno de los magistrados implicados, ha confirmado que han sido notificados sobre este cambio en las medidas sustitutivas y han manifestado su disposición para colaborar con el proceso judicial, expresando su confianza en el sistema de justicia.
Estos magistrados del TSE se presentaron ante la justicia el pasado mes de marzo en relación con un supuesto caso de corrupción vinculado a la compra de un sistema informático para los comicios de 2023. Los cuatro magistrados estuvieron fuera del país desde diciembre, tras las elecciones de 2023, en las que resultó electo Bernardo Arévalo de León como presidente.
Rafael Rojas, Gabriel Aguilera, Mynor Franco e Irma Palencia, quien fuera presidenta del Tribunal Supremo Electoral, perdieron su inmunidad en noviembre por decisión del Congreso, permitiendo así su investigación por la presunta compra irregular del sistema informático utilizado en los comicios del año pasado.
Acusaciones:
Las acusaciones presentadas contra estos magistrados incluyen cargos por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, a raíz de una investigación del Ministerio Público iniciada tras la denuncia de dos abogados y activistas.