Caso contra Juan Luis Font: periodista señala uso político del sistema judicial

El Ministerio Público (MP) confirmó este 6 de diciembre la emisión de una orden de captura contra el periodista Juan Luis Font, quien se encuentra exiliado del país desde el 2022.

Font es acusado de los delitos de colusión y cohecho activo, en un caso promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), una entidad cuestionada por señalamientos de corrupción y sancionada por Estados Unidos.

Según el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, la orden de captura está relacionada con una supuesta relación de colusión entre Font y la exjueza Erika Aifán, quien en 2021 accedió a unificar un caso en su contra con el expediente del Caso Odebrecht.

Curruchiche señaló que desde 2018 Font habría mantenido una relación cercana con Aifán, al punto de nombrarla “Personaje del Año” en su programa radial Con Criterio en 2020.

El fiscal también indicó que el delito de cohecho activo se fundamenta en indicios de que Font pudo haber ofrecido dádivas no necesariamente económicas a la exjueza para influir en su situación legal. “Es por eso que hemos encuadrado esta conducta en el delito de colusión y cohecho activo”, afirmó Curruchiche, quien agregó que se gestionará la colaboración de Interpol para localizar a Font.

Desde el exilio, Juan Luis Font rechazó las acusaciones y calificó la orden de captura como un acto de persecución política. En declaraciones, el periodista afirmó que no tiene conocimiento del caso y denunció que esta es la cuarta vez que el MP intenta procesarlo sin éxito.

“Este es otro caso fabricado en mi contra como parte de una estrategia para intimidar a quienes denunciamos la corrupción y la impunidad en Guatemala”, declaró Font.

Font, con 34 años de carrera periodística, es director del programa radial Con Criterio y ha sido crítico de las acciones del MP y el sistema judicial. En 2021, el exministro Alejandro Sinibaldi lo acusó de recibir sobornos millonarios, aunque las acusaciones no han sido probadas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala, señalando que el sistema de justicia se ha utilizado para criminalizar el ejercicio periodístico.