Colombia: Contrato sobrevalorado por millones en Ministerio de la Defensa colombiano dirigido por Iván Velásquez

La Revista SEMANA de Colombia hizo la denuncia de un contrato sobrevalorado, suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional, a cargo de Iván Velásquez, junto con su mano derecha Ana María Garzón, quien lo acompañó desde que estuvieron en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, hasta salir del país declarados no gratos, Garzón renunció de forma abrupta a su cargo del gobierno de Gustavo Petro, en marzo de 2023.

De acuerdo con la denuncia de SEMANA se trata de la adquisición de 55 vehículos 8×8 blindados, que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera, de los cuales 9 ingresarán en el 2026, conforme se ejecute el plan de pagos programado se recibirá el resto, hasta concluir la entrega en 2032, en un acuerdo por 305 millones de dólares, mediante documento Conpes 4079, destinado al Sistema de Defensa Nacional (Side), contrato que se hizo con un proveedor exclusivo. Y el cual fue firmado por la Secretaria general, Ana María Garzón, mano derecha del ministro de Defensa Iván Velásquez, el 29 de diciembre de 2022.

SEMANA agrega en su artículo que el periodista fue hostigado y presionado para no hacer público el contrato, a tal punto que intentaron obligarlo a firmar un documento de confidencialidad, lo que también ha sido denunciado por la revista. Quienes al pedir explicación del contrato multimillonario y silenciosa inversión fueron citados el pasado jueves 20 de abril en el Ministerio de Defensa, donde intentaron callar al medio de comunicación.

Es importante recordar que la denuncia recibida por SEMANA advierte sobre un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares, que, según la fuente, sería la causa de la salida de Garzón, ocurrida tres meses después, en absoluta reserva y sin ninguna explicación.

SEMANA obtuvo el millonario contrato militar que firmó en víspera de Año Nuevo y antes de su renuncia Ana María Garzón Botero, mano derecha del ministro Iván Velásquez, quien era la secretaria general del Ministerio de Defensa.

Hay que mencionar que Garzón era una mujer de entera confianza del ministro Velásquez, pues lo había acompañado incluso en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Además, había trabajado mano a mano en sus investigaciones sobre paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos. La renuncia de Garzón estuvo acompañada de la salida del director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya, sobre la cual tampoco se entregaron detalles del motivo que la originó.

La reunión del periodista de SEMANA en el Ministerio de Defensa

SEMANA buscó de inmediato una respuesta en el Ministerio de Defensa ante la gravedad de la denuncia. Esta se sustenta en documentos oficiales, entre los que se encuentran el contrato, los soportes que sirvieron para elaborar la ficha técnica y las características que debía cumplir el proveedor de los vehículos militares.

La reunión con el periodista la encabezó el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz. Lo acompañaban Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8. Todo ocurrió en presencia de Ana María Escobar, jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, y Camilo Restrepo, del equipo de comunicaciones, quienes organizaron el encuentro.

Mondragón expuso a SEMANA los argumentos sobre la necesidad de efectuar la compra de los vehículos. Luego intervino el viceministro Díaz, quien presentó un panorama sobre el pésimo estado operativo de los vehículos de combate del Ejército, que tiene desprotegidos puntos estratégicos del país, y la misionalidad de los 55 que llegarían tras el acuerdo con la empresa canadiense.

La reunión avanzaba en términos cordiales hasta que SEMANA le expuso al coronel Luque unas fotografías de los documentos de la denuncia con el propósito de conocer su veracidad. La situación molestó al director Mondragón, quien de inmediato se quejó por las pruebas que SEMANA estaba exponiendo. Mondragón dijo que el Ministerio de Defensa no estaba de acuerdo con la dinámica que había tomado la reunión.

Pese a la molestia y tensión, el encuentro continuó, pero con reparos permanentes a los documentos de la denuncia. De hecho, desde el inicio se acordó que no se presentarían en físico a la reunión para proteger a la fuente y evitar una cacería de brujas. La explicación no le cayó bien al coronel del Ejército Óscar Alberto Melo, quien reclamó y se empeñó en preguntar por qué SEMANA tenía en su poder documentos de seguridad nacional. La respuesta al indignado oficial fue obvia: formaba parte de la labor periodística. Cualquier fuga de información era un asunto del Ministerio.

El coronel Melo levantó la voz, calificó la respuesta como una falta de respeto y hasta el viceministro Díaz tuvo que intervenir para ordenarle que se tranquilizara. “Ya coronel”, dijo el viceministro. El coronel Luque parecía más molesto por los documentos en poder de SEMANA que por los posibles sobrecostos e irregularidades del millonario acuerdo.

Con la situación tensa, el viceministro Díaz expuso a SEMANA los argumentos para la adquisición de los vehículos 8×8 y explicó que el proceso se había iniciado en 2012. Sin embargo, SEMANA le demostró en la reunión que fue adjudicado por el Gobierno Petro a finales de 2022.

En ese momento, ocurrió el intento de censura. El director Mondragón, que al comienzo de la reunión expresó su desacuerdo por las fotos que había mostrado SEMANA a uno de los coroneles, advirtió que los temas que se estaban tratando eran de seguridad nacional y altamente sensibles para el país, por lo que no se podían divulgar a la opinión pública. Luego de la advertencia del alto funcionario, el viceministro Díaz tomó en sus manos un documento, lo levantó delante de los asistentes y condicionó la continuidad de la reunión a que SEMANA lo firmara.

Se trataba de un acuerdo de confidencialidad en el que este medio debía comprometerse a no publicar absolutamente nada. De lo contrario, la reunión se terminaba inmediatamente. Por obvias razones, el periodista de SEMANA se negó de forma categórica a firmar dicho documento. Entonces, el viceministro ordenó levantar la reunión como lo había advertido.

Las claves del escándalo
Tras el frustrado encuentro con los delegados del ministro de Defensa, Iván Velásquez, SEMANA revela las dudas que buscaba aclarar sobre los presuntos sobrecostos, que, en principio, ascenderían a 17 millones de dólares. La fuente entregó la prueba del multimillonario acuerdo militar firmado entre Ana María Garzón, en nombre del Ministerio de Defensa, y el representante legal de la empresa canadiense encargada del suministro de los vehículos blindados.

Entregó el soporte de cómo se hará el pago de los 305 millones de dólares. Se acordó que Colombia realizará un anticipo de 66,8 millones de dólares de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023, 16,5 millones en 2024, 17,4 millones en 2025 y 17 millones en 2026. Los 238,5 millones de dólares restantes se pagarán así: en 2027, 29,8 millones; en 2028, 40,5 millones; en 2029, 59,5 millones; en 2030, 34,9 millones; en 2031, 69,2 millones y, por último, en 2032, 4,3 millones.

La fuente aportó la prueba sobre la modalidad del contrato, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, el cual contempla que el proveedor se compromete, entre otras cosas, a poner en las instalaciones del comprador (Ejército) los elementos adquiridos, asumiendo el costo del envío, pero al parecer en este caso no fue así.

Según la fuente, en el acuerdo entre Colombia y la firma canadiense hay cuatro ítems que representarían los posibles sobrecostos porque deberían ser asumidos por el vendedor al tratarse de la modalidad DPU y, por el contrario, habrían sido cargados al Ministerio de Defensa. Así las cosas, se habría elaborado el acuerdo presuntamente desfavoreciendo los intereses económicos nacionales.

El primer problema es que, de los 305 millones de dólares, Colombia, presuntamente, pagaría por almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate. Eso generaría un supuesto sobrecosto cercano a los 2,9 millones de dólares. La fuente aseguró que es ilógico que el país pague por ello si eso le correspondería al proveedor, como lo advierte la modalidad DPU.

En el contrato se contempla “el almacenaje interior de vehículos en una instalación segura, con temperatura controlada, mientras los vehículos esperan el envío por lotes a Colombia. Ejercicio mensual de vehículos para garantizar una alta disponibilidad”, se lee en el convenio, aunque este monto debería ser asumido por los vendedores, según la fuente.

De igual forma ocurre con otro presunto sobrecosto por 7 millones de dólares, según el cual el país pagaría por “la ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones”. Nuevamente, se le habría cargado el costo al Ejército.

Los posibles sobrecostos en el acuerdo militar se darían en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que deberían ser asumidos por el proveedor y al parecer fueron cargados al Ministerio de Defensa. De acuerdo con el contrato, esto contempla “actualizaciones de desarrollo de diseño, dibujo y actualizaciones del paquete de datos técnicos, actualizaciones de instrucciones de construcción de ingeniería de fabricación y costos de puestas en marcha de producción y utillaje”.

La otra posible inconsistencia en el acuerdo tiene que ver con la gestión del programa en fábrica, que se refiere a la “administración de programas, administración de contratos, administración de proyectos de ingeniería, desarrollo de servicios de soporte para garantizar la ejecución contractual conforme y viajes para visitas a proveedores”. Esto, según la fuente, representaría un posible sobrecosto de 4 millones de dólares. Una vez más, eso debería ser responsabilidad del proveedor.

También habría un posible sobrecosto de 1,4 millones de dólares con los manuales que comprenden el “desarrollo de actualizaciones a manuales COLAV existentes, incluyen los cambios de vehículos (HMS, cubre llantas), actualizaciones para sistemas que han sido actualizados por obsolescencia”. Además, no se habría incluido el transporte de los vehículos a Colombia, también una obligación del proveedor. Esa es otra duda que quedó por resolver.

Reacción del Ministro de Defensa Iván Velásquez
Luego de la publicación de la revista SEMANA, el Ministerio de Defensa Nacional, anunció este domingo que solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría especial al contrato efectuado en diciembre, en ejecución del Conpes 4078, para la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para el Ejército, el cual se firmó por 305 millones de dólares (1,3 billones de pesos).

Esto, luego de conocerse la denuncia que hizo la revista Semana, tras acceder a una serie de documentos que darían cuenta de que hubo un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares en dicho contrato, firmado el 29 de diciembre de 2022 por la entonces secretaria general Ana María Garzón –quien era mano derecha del ministro Iván Velásquez–.

El ministerio explicó en un comunicado que “en su misión de mantener las capacidades de las Fuerzas Militares” suscribió el contrato en diciembre de 2022 para la compra de 55 vehículos “que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera”.

Vía: semana, el tiempo, el colombiano