Diputados eligen magistrados para la CSJ

En el marco de la 25ª sesión plenaria del Congreso de la República, se llevó a cabo la tan esperada elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ocuparán el periodo 2019-2024.

La decisión de llevar a cabo esta elección se materializó como respuesta a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual también proporcionó instrucciones precisas sobre el método a utilizar para dicho proceso. Cabe destacar que esta medida fue instigada por un amparo otorgado a la fiscal general, Consuelo Porras, en febrero de 2020.

Previo al inicio de la votación, el diputado Orlando Blanco generó controversia al publicar una lista de aspirantes a magistrados que ya se encontraba marcada con los nombres de quienes supuestamente serían electos. Este acto suscitó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

Al concluir la votación, la lista divulgada por el diputado Blanco coincidió sorprendentemente con los nombres de los magistrados finalmente electos en el pleno. Esta coincidencia levanta interrogantes sobre la integridad y la imparcialidad del proceso, alimentando preocupaciones sobre posibles prácticas indebidas en la selección de los magistrados de la CSJ.

Entre los nombres de los magistrados electos se encuentran: José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Ronald Manuel Colindres Roca, Benicia Contreras Calderón, Manuel Reginaldo Duarte, Evert Obdulio Barrientos Padilla, Gustavo Adolfo Morales, René Guillermo Girón Palacios, Elvia Ester Velásquez Sagastume, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Jorge Eduardo Tucux Coyoy, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda y Oscar Ruperto Cruz Oliva.

¿Polémica tras filtración de la lista marcada?

La polémica en torno a la publicación previa de la lista marcada y su correspondencia exacta con los resultados electorales subraya la necesidad de un escrutinio más profundo y crítico sobre el proceso de elección de magistrados en el país. La sociedad demanda claridad y transparencia en un proceso fundamental para el correcto funcionamiento del sistema judicial.