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EE. UU. impone sanciones a exfuncionario guatemalteco Miguel Martínez

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EE. UU. impone sanciones a exfuncionario guatemalteco Miguel Martínez

Una medida anunciada el viernes 1 de diciembre, Estados Unidos impuso sanciones contra Luis Miguel Martínez, exfuncionario del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, por su presunta participación en actos de corrupción. El Departamento del Tesoro estadounidense aplicó la Ley Global Magnitsky, señalando que “Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada en el Centro de Gobierno para beneficio personal, afectando al pueblo guatemalteco”.

Miguel Martínez, exdirector de Centro de Gobierno

Martínez, conocido como “Miguelito”, fue el exdirector de Centro de Gobierno, entidad clausurada en 2020 tras recibir críticas. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, Martínez se suma a la lista de 11 guatemaltecos sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, conocida coloquialmente como “la muerte bancaria”.

La legislación implica el bloqueo de todas las propiedades e intereses en propiedades de la persona sancionada que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas sancionadas.

El Departamento del Tesoro emitió un comunicado detallando las razones detrás de la sanción a Martínez. Se señala que el exfuncionario estuvo involucrado en esquemas generalizados de sobornos, incluyendo aquellos vinculados a contratos gubernamentales. Se destaca específicamente que solicitó grandes sobornos para facilitar la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala durante la pandemia del Covid-19.

Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, afirmó que Martínez utilizó su posición privilegiada en detrimento del pueblo guatemalteco. La designación de Martínez se basa en la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción a nivel global.

La acción de Estados Unidos se enmarca en los esfuerzos para abordar actos corruptos y antidemocráticos que amenazan la integridad de la transición ordenada del poder en Guatemala, socavan las instituciones democráticas del país y representan una amenaza para la estabilidad de la nación centroamericana y la región en su conjunto.

“El pueblo guatemalteco ha hablado y sus voces deben ser respetadas”, el funcionario concluyó al referirse a la situación actual en el país, destacando la reciente salida de tres magistrados electorales que perdieron su inmunidad para enfrentar investigaciones.

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